Fejuve solicita fiscalizar recursos destinados a seguridad ciudadana

El ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, Rubén Paz, solicitó que los recursos recabados por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos y destinados a la Seguridad Ciudadana sean fiscalizados a la brevedad para evitar defraudaciones.

“Se debe buscar la fiscalización de estos recursos al margen de que se entreguen otros apoyos en equipamiento destinado para efectivos policiales. Hasta la siguiente semana se conocerá el requerimiento con la finalidad de establecer la cantidad exacta de recursos para dicho plan”, explicó Paz.

Por otra parte, el ministro de Gobierno Carlos Romero sostuvo que las políticas de Seguridad Ciudadana deben ser atendidas con la incorporación de nuevos efectivos policiales, los cuales hasta la fecha no aumentan en número en la ciudad de El Alto, aguardando al plan que debe ser presentado por el Comando General.

“Precisamente en el marco de la ley de Seguridad Ciudadana se prevé que en un plazo de tres meses tiene que haber en todo el país una reingeniería y redistribución de la Policía. Nosotros estamos esperando que se presente una propuesta del Comando General y en base a esa propuesta se debe recoger la demanda de los ciudadanos, es por eso que en este consejo de seguridad ciudadana (posesionado ayer) una de las primeras tareas que se debe debatir es la planificación territorial del desplazamiento policial”, sostuvo.

Según la versión de Paz, por el momento el comité de seguridad ciudadana no habría planificado ningún plan para las rondas realizadas por parte de los vecinos, responsabilidad que sería impulsada por la voluntad de cada participante, de acuerdo a la iniciativa de los secretarios de seguridad ciudadana en cada distrito municipal.

“En la brigada de seguridad vecinal se incluyen personas de manera voluntaria, por el momento no existe ningún incentivo y menos un plan específico, posteriormente es que se va a llegar a coordinar el apoyo de los ciudadanos”, explicó.

Con relación a los vehículos que fueron entregados en calidad de custodia a la Policía Regional de El Alto para la seguridad ciudadana, la autoridad de Gobierno reconoció que son parte de los incautados por la Ley 1008 y que sólo algunos pueden ser usados por la falta de una sentencia ejecutoriada.