Emisión de bonos es otra deuda

El presupuesto fiscal de 1212 prevé la emisión de bonos soberanos, como un nuevo instrumento de financiamiento externo. En otros términos, subrepticiamente es contraer más deuda, esta vez con intereses de carácter comercial. Sólo las instituciones financieras internacionales otorgan préstamos concesionales o con alguna forma de tratamiento diferenciado respecto a los comerciales.

Está también previsto contraer otros créditos en el curso del año, a los que se sumarían los bonos soberanos, o sea aquellos que están respaldados por el Estado boliviano.

En dos columnas anteriores -esta será la última- expuse que la deuda externa en 2011 fue de $us 1.262 millones, cifra record desde los años 70. Con ello, el total se elevó a $us 3.486 millones.

La Fundación Jubileo, de la Iglesia Católica, en el estudio que realizó sobre la deuda externa, destaca que en los últimos años, Bolivia mejoró su calificación de riesgo. Actualmente es de B+, o sea con perspectiva estable. La calificación es similar a la otorgada a Venezuela y superior a la de Ecuador (B-).

En concepto de Jubileo, “mantener o mejorar la calificación de riesgo, junto a la demanda de los mercados internacionales, serán aspectos importantes en la emisión (de los bonos) y sus condiciones financieras”. Habrá que agregar que ello podría repercutir en la atracción de inversión externa, pero esto no será suficiente si internamente no existen las condiciones propicias.

Jubileo sostiene, en efecto, que la emisión de los bonos soberanos “es una operación de endeudamiento, en un país con elevados saldos en cuentas bancarias y con bajos niveles de ejecución”. Como expresábamos en líneas precedentes, Jubileo expone que “en este sentido, sería importante tener claridad y planificación sobre el destino de estos recursos, para que no sumen mayores saldos bancarios por falta de ejecución y el uso específico que se le asigne sea de conocimiento del país”.

Añade luego que “un análisis de sostenibilidad de deuda incorpora indicadores de solvencia y liquidez, pero la mirada en esencia es de mediano y largo plazo, razón por la cual este instrumento plantea proyecciones que muestran el impacto que tendrá un nuevo crédito en un horizonte de tiempo”.

Pone énfasis, además, en “la responsabilidad intergeneracional en las decisiones de nuevas contrataciones de deuda, porque son recursos futuros los que se verán comprometidos para cumplir con el pago de la deuda”.

Anota también que la creación del IDH, la mayor participación del Estado en la cadena de valor de los hidrocarburos -cuyos ingresos no son creación del actual gobierno, más bien los frenó severamente- y la renegociación de contratos han contribuido a generar mayores ingresos, pero distribuidos en su mayor parte a gobiernos departamentales y municipales, o representando ingresos para YPFB, por tanto, estos recursos no están disponibles para el pago de la deuda, cuya responsabilidad recae principalmente en el TGN.

Toda la deuda pública en el país, externa e interna, alcanzó en 2011 aproximadamente al 37% del PIB (22% por la deuda interna y 15% por la externa).

El Banco Central en su informe semanal del 12 de abril estableció que la deuda externa por acreedor subió a $us 3.552.1 millones y la interna es de $us 3.234.5 millones. Ambas suman $us 6.786.6 millones. No está, pues, lejana la posibilidad de que suban a más de $us 7.000 millones.

A propósito de la administración de la deuda pública, Jubileo pone de manifiesto que “experiencias internacionales han mostrado, a través de procesos de auditoría integrales de deuda e investigaciones específicas, la existencia de ilegitimidad, ilegalidad y malas prácticas en el manejo de la deuda pública”.

“Entre algunos ejemplos -agrega Jubileo- se determinó anatocismo (cargar intereses sobre intereses en los pagos de deuda) en Ecuador y Argentina, corrupción y desvío de fondos en Perú, usura en Paraguay, casos de daños ambientales y sociales en Ecuador y, en general, malas prácticas en el cumplimiento de normas, leyes y la Constitución Política del Estado”.

“En el caso de Bolivia -termina diciendo el estudio de Jubileo-, no se han realizado este tipo de investigaciones o auditorías integrales para determinar la (posible) existencia de estos casos, y consecuentes daños y responsabilidades, así como rescatar lecciones de gestión y determinar los impactos de la deuda”.