La presidenta Cristina Fernández de Kirchner rompió su silencio sobre la polémica abierta con España con la peor noticia posible para Repsol: la expropiación de YPF. La mandataria ignoró las advertencias lanzadas por el gobierno de Mariano Rajoy y por la propia Unión Europea.
“Declárese de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización”, con estas palabras comenzó la presidenta el discurso con el que anunciaba la consumación de su larga amenaza de confiscar a Repsol su filial YPF, por la que pagó en 1999 más de 13.000 millones de euros y en la que ha invertido en esta década larga 20.000 millones de dólares.
Por otro lado, la primera reacción de Repsol fue contundente. La petrolera calificó de «manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria» la decisión del Gobierno argentino, que combatirá con todas las herramientas legales a su alcance. La compañía afirmó, en un comunicado, que la expropiación “viola los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de confianza de la comunidad inversora internacional”.