La salud en serio: ni seis ni ocho horas

El conflicto de las ocho horas ha tenido la virtud de hacer visible la vergonzosa y crítica situación de la salud en Bolivia, y la poca importancia que le asigna el Gobierno. Como producto de una sostenida incapacidad de los ministros de salud, se fracasó en la implementación del Sistema Único de Salud y el Seguro Universal de Salud (SUS) ofrecido en la campaña electoral, y garantizado por la CPE.

Los varios proyectos presentados por cada gestión ministerial resultaron fallidos porque fueron diseñados por pequeños grupos cupulares sin la suficiente consistencia técnica ni la objetividad necesaria para la magnitud del desafío. Ante este fracaso, el Gobierno pretendió mitigar la dramática situación imponiendo 8 horas de trabajo a los profesionales de la salud, en forma inconstitucional y sin reconocimiento salarial. Una medida desatinada que sólo puede explicarse por la profunda ignorancia y malicia de quienes definieron implantarla.

Conociendo la crítica y caótica situación estructural del Sistema de Salud en Bolivia, ninguna medida aislada ni errática, como la que se convirtió en el núcleo del conflicto, tendría un efecto significativo para mejorar la atención y, por el contrario, agregaría un ingrediente más al caos.

Lamentablemente, el gremio médico entró al juego del Gobierno que, enmascarando la situación real, introdujo una falsa polémica, creando la sensación de que el objeto del conflicto en salud se reduce a una lucha entre médicos que quieren mantener seis horas de trabajo y un Gobierno empecinado en imponerles ocho horas; instalándose un problema que, independientemente de cómo concluya, no habrá logrado mejorar la salud del pueblo. Es lamentable que las autoridades de salud no perciban que, exceptuando al 25 por ciento de los bolivianos cubiertos por la Seguridad Social, el resto paga para ser atendido, y si no tiene dinero se ve obligado a mendigar ayuda en los canales de televisión o morirse.

Esa es la realidad en nuestro Estado Plurinacional, la salud de tres cuartas partes de la población está abandonada a su suerte. Para proteger a toda la población, sólo para el primer nivel de atención se necesita 3.000 nuevos ítems para médicos y otro tanto para otros profesionales de la salud; el déficit de especialistas es pavoroso, no se cuenta con insumos ni equipamiento suficientes en los hospitales; el sub registro de dos tercios de la población hace que los datos estadísticos en salud sean falsos, dificultando la toma de decisiones.

Una huelga prolongada, descuentos salariales abusivos, amenazas diarias, persecución judicial y el deplorable comportamiento de un Ministro de Salud fuertemente cuestionado, configuran la inmanejable y dramática situación que hace que se arrastre indefinidamente un conflicto generado sobre un componente parcial del drama. En ese sentido, una vez desnudado el desastre de la salud en Bolivia, la magnitud de la crisis demanda una solución integral, gradual, sostenida, honesta, participativa, compartida y comprometida entre todos los bolivianos, que incluya las siguientes medidas:

1.- Cumplir la CPE, con la implementación plenamente concertada del Sistema Único, y de un Seguro Universal, partiendo de un nuevo proyecto diseñado científicamente y con amplio consenso, asegurado el financiamiento necesario y suficiente para un proceso cuyas dimensiones demanda de muchos años y grandes inversiones para su ejecución.

2.- Simultáneamente, incrementar el presupuesto de salud de manera gradual y planificada partiendo de un 5% inicial hasta llegar al 10% del Presupuesto General de la Nación, que es lo que se estima permitiría mejorar la situación de la salud del país.

3.- Utilizar prioritariamente los recursos provenientes del IDH en el presupuesto de Salud hasta lograr la implementación del Sistema Único y del Seguro Universal de Salud.

4.- Abrogar el decreto causante del conflicto, que pierde sentido ya que la carga horaria de los profesionales y trabajadores de la salud será resultado de la forma en que se defina implementar el Sistema Único y el Seguro Universal de Salud. Entre tanto, mejorar los mecanismos de gestión para lograr mayor eficiencia y calidad en la atención de los pacientes.

5.- En el marco de la implementación del SUS, incorporar de manera gradual y planificada a todos los profesionales y trabajadores de la salud a la Ley general del Trabajo; a fin de eliminar todo tipo de inequidad y exclusiones que no deben coexistir en un Sistema Único.

6.- Declarar en la Ley Financial a la Educación y la Salud como áreas estratégicas, reconociendo el impacto que ejercen sobre el desarrollo del país.

7.- Reconocer que en la formación de los profesionales de la salud, la docencia y asistencia son actividades indivisibles y simultáneas.

8.- El Gobierno debe abandonar la improvisación, el favoritismo, el cuoteo, y la inestabilidad en las designaciones de autoridades de áreas estratégicas, convocando a los mejores profesionales del país para dirigir el sector salud.

El autor es ex Decano de

Medina de la UMSA.