Los vocales de la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de La Paz, Ramiro López Guzmán y Virginia Crespo Ibáñez, fueron denunciados por la viceministra de Lucha Contra la Corrupción, Gabriela Denisse Veizaga, ante el Ministerio Público el pasado 19 de abril 2011, por la supuesta comisión de los delitos de “incumplimiento de deberes negativa o retardo de justicia”.
Según el documento de la denuncia formal, al que accedió Erbol, estos presuntos delitos fueron cometidos por ambos vocales después de que Juan Carlos Quiroga Pando, representante de la empresa Corhat Bolivia S.A., interpuso una acción de Amparo Constitucional contra Roberto Ugarte Quispaya, presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), y Marco Antonio Cárdenas Usquiano, presidente ejecutivo de Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad.
En ese sentido, el 28 de diciembre de 2010 se habría admitido ese recurso en la Sala Penal Tercera y dentro de la tramitación de la acción de amparo, el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupció, advirtió varias irregularidades, una de ellas referida a la Empresa de Juegos y Centro de Entretenimiento Bahití S.A. representada legalmente por Rodrigo Alexandro Alarcón Uria, quien mediante memorial de 30 de diciembre de 2010, habría presentado una injustificada adhesión dentro de la Acción de Amparo Constitucional de Corhat.
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