La Policía Nacional, señalada en los últimos años por una serie de actos irregulares y punibles, nuevamente se ve envuelta en otro caso que viene a lesionar su base misma de credibilidad, que no es otra que las condiciones de formación de sus oficiales y de los cuadros de su estructura futura. Se ha denunciado el pago de hasta 9.000 dólares para el ingreso de postulantes a la Universidad Policial, dentro de una lista de 54 “interculturales”, léase procedentes de las provincias.
Sólo cinco de éstos corresponderían a dicha extracción, pero en el contingente figurarían parientes cercanos de un ministro y de un influyente viceministro, con el agravante de que se trataría de ciertos postulantes reprobados en el examen de ingreso.
No es la primera vez que la opinión pública observa estas situaciones de bochorno, ni que el reciente hecho sea extraño a la institución del orden, ya que se trata de una reedición de anteriores años cuando solamente civiles terminaron en la cárcel. Lo conocido permite incidir en la existencia de consorcios dolosos. Tampoco la cotización en metálico es ajena al ingreso a los estudios superiores. Algunas facultades de la UMSA sobrellevan parecidas denuncias aunque en conocimiento del Ministerio Público quedaron estancadas.
El mal es contagioso y no hace mucho en la Universidad Autónoma de Santa Cruz se identificó a un dirigente de la FUL en la venta de las respuestas de la respectiva prueba de admisión. Este es uno de los caminos conducentes a la devaluada formación profesional en el ámbito universitario paraestatal que, además, goza de impunidad.
El indicado desenlace, que como todo lo torcido termina mal, se remonta a las particulares decisiones de favorecer con ventajas a ciertos sectores como el ingreso a una carrera sin demostración de suficiencia, en este caso a la formación policial. Quienes pretendan acceder a un instituto formativo deben someterse a una prueba de conocimientos y aptitudes sin que interfiera su condición social, cualquiera que fuere. Para los postulantes del campo, de provincias o con deficiencias escolares se debe habilitar un curso de nivelación o como lo llamen los pedagogos.
No se ve claramente cuál es el motivo para derivar a la Academia Nacional de Policías con la pomposa denominación de “universidad” que, a poco de su nuevo status, resulta afectada por un antecedente nada edificante. Parece producto de la insuperable emulación FFAA - Policía Nacional; como la fuerza castrense regenta la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), la Policía también tenía que emparejarse con el alto grado académico.
Es vital y urgente que los mandos de la nombrada institución asuman responsable y seriamente medidas que la repongan a niveles de confianza y credibilidad ante el consenso ciudadano, de modo acorde con el papel asignado por ley. Es lamentable que distintas formas de corrupción menoscaben su rol y den lugar a la conciencia de algunos oficiales de que su inicio mismo se contamina con esa lacra social. Es de perentoria necesidad una depuración a fondo de los malos jefes, oficiales y funcionarios inclinados a la corrupción.
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