II. Prosiguiendo con el análisis del tema del título, debate auspiciado por el IPDRS, CRECE, SAM-OXFAM y con la participación de CIDES-UMSA y Fundación Jubileo, revisaré el trabajo de José Antonio Peres Arenas y Gustavo Medeiros Urioste.
Los autores inician su análisis presentando el contexto nacional entre el 2000 al 2010, reconocen como tendencias de este período la tendencia a la urbanización (la cual se inicia a partir de la Reforma Agraria del 53 que liberó al campesino de la servidumbre a la tierra) y con este proceso se inicia la descampesinización del agro originando una nueva ruralidad.- Las unidades económicas campesino-indígenas combinan multiactividad y obtienen ingresos de otras fuentes distintas al cultivo de la tierra, estos últimos adquieren mayor peso en el ingreso familiar. Gradualmente la economía campesina pierde importancia en su aporte a la oferta interna de alimentos. La economía agroindustrial cruceña es la proveedora de la mayor parte de los alimentos de consumo interno y para la exportación. Que arranca, es justo reconocer, con las políticas a partir de 1953.
El país presenta extrema pobreza con indicadores de 45% a 32% en el ámbito nacional y un rango entre 75 a 53% en las áreas rurales. En consecuencia, se tienen avances importantes pero insuficientes en cuanto a la economía agropecuaria. Se observa aumento de las importaciones y el contrabando, así como cambios importantes en los hábitos de consumo La Soberanía y Seguridad Alimentaria, así como el Desarrollo Rural constitucionalizados pero sin efectiva voluntad política para su aplicación En la economía prevalece la priorización de los sectores tradicionales: Minería e Hidrocarburos.
El periodo 2000-2010 se caracteriza por un notable incremento de la inversión pública, menos dependiente de la cooperación internacional y con mayor participación del Tesoro General de la Nación. Pero, el gasto público agropecuario no supera el 11% del total.
Tomando como fuente a UDAPE, distinguen las etapas siguientes en las políticas económicas del país: i) 1985-90, Reforma de estabilidad; ii) 1970-77 Aceleración económica; iii) 1977-80, Desaceleración económica; iv) 1980-85, Crisis económica; v) 1990-93, Reformas de ajuste; vi) 1994-96, Profundización de reformas; vii) 2003-05; Transición; viii) 2006-09, Vivir bien.
Sin duda, la última etapa queda en duda, cuando subsisten los altos índices de pobreza rural y el país como lo demuestran los autores del trabajo incrementa sus importaciones de alimentos tanto por la vía legal como la legal.
Con base en todo lo anteriores sus conclusiones son las que siguen. En torno a la formulación presupuestaria y la inversión pública:
“Prevalece la lógica de formulación del presupuesto (PGE) y asignación de recursos (énfasis “Hacendatario” y “estabilidad ” macroeconómica) - Planes y políticas nacionales con limitada implementación - Lógica coyuntural, de corto plazo y sin una clara estrategia para fortalecer efectivamente el desarrollo rural productivo - Continuidad de programas nacionales (nivel central) y limitada articulación de la planificación con los niveles subnacionales”.
En torno a lo que se debería hacer: “Principales Retos Revertir los factores estructurales que obstaculizan el desarrollo de las unidades campesinas indígenas implica: - Voluntad y decisión política para aplicar la agenda constitucionalizada de los pueblos indígenas y comunidades campesinas - Políticas Públicas e Inversión Pública focalizadas, para enfrentar:
Asimetrías en la distribución de tierras - Fragilidad en el sistema de investigación e innovación agropecuaria y en la institucionalidad del sector - Atomización de los servicios de AT y capacitación (Ineficiencia en capacidades existentes) - Servicios/productos financieros poco diversificados - Limitada provisión de infraestructura - Desarrollo poco aprovechado de las ciudades intermedias y la provisión de servicios rurales”.
Sugerencias de política que los administradores gubernamentales deberían tener en cuenta para hacer las modificaciones que el momento requiere.
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