Protocolo estaría direccionado a minimizar aspectos negativos

El protocolo elaborado por comunidades de colonos del Conisur y el Ejecutivo, estaría direccionado para minimizar los aspectos negativos de la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, debido a que luego de catalogar los mismos se procedería a las “recomendaciones de mitigación de impactos negativos”, que apuntaría a favorecer con el resultado al proyecto gubernamental.

El documento del protocolo de la consulta, determina una clasificación de los impactos negativos y positivos de los programas de desarrollo para la región del Tipnis, incluyendo la carretera que uniría los departamentos de Beni y Cochabamba.

También define recomendaciones de mitigación de impactos negativos. Lo cual es lógico y hasta recomendable para que los afectados por estos nuevos proyectos, manifiesten estas recomendaciones, señaló el analista Carlos Cordero.

Sin embargo, el entrevistado también considera que este proceso está orientado a minimizar estos aspectos negativos, para lograr que el proyecto caminero aparente un pleno beneficio para los comunarios de Tierras Bajas.

“El proceso de la consulta es para obtener legitimidad para la construcción de la carretera. El Gobierno tiene una especie de obligación, de un imperativo de construirla”, dijo.

Asimismo, Cordero explicó que las leyes del Estado y los convenios internacionales establecen el derecho a la consulta respecto a megaproyectos en su hábitat, pero esta acción no implica un acto de decisión.

“Independientemente de los resultados de la consulta, la decisión de construir o no la carretera es una decisión del Gobierno. Esta es una responsabilidad que no la debe ni puede transferir a los habitantes del Tipnis, de lo contrario, la autoridad estatal estaría cuestionada. Así lo establece la Constitución Política del Estado (CPE)”, sostuvo.

Los costos negativos con este proyecto caminero, son referentes al daño ambiental, riesgo que se incrementa con la explotación de recursos naturales, por la vinculación de la ruta con países extranjeros que conformarán un corredor bioceánico para favorecer su traslado de carga, además de los cultivos excedentarios de coca.

“La vinculación de estos dos departamentos generaría un nuevo polo económico, le quitaría influencia a lo que es el poder económico de Santa Cruz, porque Beni y Pando, de alguna manera en Riberalta, dependen de las élites cruceñas. Se trata de consolidar nuevas élites”, puntualizó.

Mientras, el diputado indígena Pedro Nuny, quien organizó la VIII marcha indígena, denunció al presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), Pedro Vare, afirmando que éste estaría vendiendo madera de la región del Tipnis.

“Ahí está el Gobierno que le da validez a esta regional que no es legítima para participar en la consulta”, manifestó.

Nuny hizo referencia a esta central, que participará en el proceso de consulta “previa”, sin ser una regional legítima. Dicha consulta está establecida en la Ley 222, la cual viabilizaría la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.