Defensoría emite Censura Pública contra el Comandante de Policía

La entidad recomienda a la Fiscalía que se inicie un proceso al jefe policial.


EL GENERAL SANTIESTEBAN DEBE PRESTAR SUS DECLARACIONES SOBRE EL INGRESO IRREGULAR DE 54 CADETES A LA ANAPOL.

El Defensor del Pueblo mediante una resolución emitió por primera vez desde su creación una “Censura Pública” contra un funcionario, en este caso el comandante general de la Policía Boliviana Jorge Santiesteban.

Según la resolución, en los 13 años de vida del Defensor del Pueblo, ningún otro funcionario público incurrió tantas veces en la sistemática evasión de cumplimiento de deberes emergentes de informes defensoriales sobre denuncias concretas, siguiendo una conducta permanentemente evasiva, ocultando información en perjuicio de investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía.

“Emitir Censura Pública contra el ciudadano Jorge Renato Santiesteban Claure, quien en su condición de Comandante General de la Policía Boliviana incumplió los arts. 223 de la Constitución Política del Estado, concordante con los Arts. 25, 27 y 31 de la Ley 1818”, especifica el documento.

El Defensor del Pueblo recomendó al Ministerio Público el inicio de acciones legales contra Santiesteban Claure, por violación a la obligación de colaboración hacia la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a las previsiones establecidas en el artículo 222.3 de la Constitución Política del Estado y artículo 27 y 31 de la Ley 1818.

“Recordar al Comandante General de la Policía Boliviana, Gral. Jorge Renato Santiesteban Claure, sus obligaciones como servidor público referidas a atender con carácter obligatorio, urgente e inmediato a las solicitudes de la Defensoría del Pueblo, sin objeción alguna o facultades de derivación o delegación de responsabilidades otorgadas legalmente como Máxima Autoridad de la Policía Boliviana”, indica textualmente el documento.

No hubo respuesta a solicitudes de información sobre los hechos de violencia ocurridos el 11 de septiembre de 2008, en la localidad del “Porvenir” del Departamento de Pando.

Tampoco sobre los luctuosos hechos acaecidos el 9,10 y 11 de enero de 2012, en la localidad de Yapacaní del Departamento de Santa Cruz. Tampoco fueron contestadas denuncias individuales de abusos de policías contra ciudadanos como la golpiza de cinco miembros de la Patrulla Caminera a una pareja de esposos y la detención arbitraria de un funcionario municipal.

 
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