Cuestionamientos al Estatuto Autonómico

Es bueno recordar que si una acción se inicia con fidelidad, su trama reflejará veracidad y un desenlace exitoso. Esta reflexión se hace aplicable al proyecto de Estatuto Autonómico de La Paz. Una mirada general al mismo hace ver la superabundante reproducción del repertorio político oficialista, olvidando el carácter institucional y jurídico esencial de un instrumento de su naturaleza que contemple, además, la perspectiva del bienestar colectivo afincado en el desarrollo y la producción.

Es así que entre otros conocidos conceptos y después de volver sobre la Pachamama (Madre Tierra) como fuente sustentadora de los bienes de la naturaleza, recae en la exaltación de la cultura de los pueblos originarios como la “mayor riqueza y orgullo” de los paceños, pero esa afirmación no se sustenta con un aporte demostrable y propio de ese complejo cultural, por supuesto, aparte de sus conocidos usos y costumbres. Esto no impide apreciar el contexto predominantemente aymara de la etnografía del departamento.

En cambio, se ignora la contribución intelectual y material de la clase media al devenir histórico paceño, en términos de modernidad. Este concurso en buena medida contribuyó a la construcción del espíritu paceño o factor identitario -como se diría ahora- en el contexto de la vida republicana, dando paso paralelamente al florecimiento de un desarrollo que clasificó al departamento como cabeza de la nacionalidad hasta hace pocas décadas, sin dejar de contribuir generosamente al interior.

Si bien lo anterior configura un paradigma que los nuevos actores políticos tienen la obligación de recuperar, el Estatuto Autonómico tampoco traza las líneas maestras para la superación de las deprimidas condiciones socio-económicas del presente, ni hacia el futuro, dejando a las jóvenes generaciones la desesperanza de quien contempla un futuro incierto. Otro vacío es la falta de interpelación a los responsables de la incesante devaluación de la calidad de vida paceña, imputable a su ausencia de iniciativa y sumisión, realidad a la que no pueden escapar los gobernantes y legisladores desde la mitad del siglo pasado, pertenecientes a derechas e izquierdas, civiles o militares.

Si la meta es el bienestar colectivo, aunque lo omita el Estatuto, debería empezarse por el urgente tema de vertebración departamental frente a cuya precariedad La Paz se encuentra en clara desventaja de varios departamentos del interior. Si vamos al recuento, vemos que escasamente se puede transitar por carreteras a Oruro, Copacabana, Desaguadero, y hacia Yungas sólo por el tramo Cotapata-Santa Bárbara. Con excepción de ésta última se puede decir que por su deterioro las demás fueron alguna vez asfaltadas, mantenimiento que compete a la gobernación. Se cuenta también la pérdida de la calidad ferroviaria de La Paz, restando alternativas al actual transporte inseguro e irregular para riesgo y tormento de los usuarios.

Siguiendo sólo con lo esencial, nada se dice de la exploración y producción de hidrocarburos en el Norte paceño, necesidad no sólo paceña sino nacional, hasta hoy objeto de publicidad y promesas del Gobierno pero sin ninguna concreción, siendo que dichas potencialidades han sido relegadas como “reserva” por la venezolana PDVESA a cuya concesión han sido entregadas. El postergado rubro de hidrocarburos es una de las vallas para el desarrollo porque priva al departamento de las correspondientes regalías, gracias a las cuales se ha acelerado el desarrollo en el interior.

La compensación a los departamentos no productores ha sido dividida en nueve partes iguales y no por población departamental, de donde a cada habitante paceño le corresponden ridículos 183 bolivianos, en abismal diferencia con Tarija y Pando que perciben per capita Bs. 3.893 y 4224, respectivamente. Sin embargo, equidad por delante, corresponde a los representantes paceños en diversos niveles del Estado luchar para modificar tan injusto trato, al menos como paliativo mientras esperamos una política clara y definida de hidrocarburos en el Norte.

Las omisiones que nos ocupan parecen confirmar que los asambleístas y el desarrollo paceño no van de la mano. Así tampoco se sopesa la gravedad del éxodo del campo a La Paz y El Alto, careciendo de políticas de desarrollo para el Altiplano, los Valles y Yungas, desaprovechando sus posibilidades agropecuarias específicas, cuyo resultado es el despoblamiento del agro.

Antes de poner punto final, no se puede dejar de invitar al Gobernador y a los asambleístas a que se preocupen y ocupen del complejo azucarero de San Buenaventura, introducido, sin explicaciones, en la bolsa de los proyectos empresariales del Estado, arrebatando a los intereses paceños su legítimo derecho de propiedad como empresa departamental.

No debe olvidarse que sin financiamiento adecuado no hay ni puede haber desarrollo, haciendo necesaria mucha imaginación y diligencia en el mejoramiento de la capacidad económica de nuestra región, pero al menos debe ejecutarse el precario presupuesto asignado y no se siga acumulando en cuentas bancarias por falta de gestión, de otro modo veremos a corto plazo un agigantado pródromo de necesidades insatisfechas y con ellas el crecimiento de la pobreza.