Distintos operativos realizados por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (Gamea), junto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de esta urbe demostraron que hasta finales del pasado año eran al menos 400 los alojamientos que no contaban con la licencia de funcionamiento.
En ellos además se podía evidenciar la existencia de menores de edad, que eran explotadas sexualmente, siendo luego remitidas a las defensorías de la niñez y la adolescencia.
Entretanto, el exdirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Ángel Humérez, sostiene, en lo referente a las denuncias de existencia y proliferación de bares, lenocinios y alojamientos clandestinos en esta urbe, que es urgente y necesaria la creación de un reglamento para la aplicación de ordenanzas municipales referente al funcionamiento de estos negocios.
La propuesta contemplaba el control coordinado de los vecinos junto al Municipio y el apoyo de la Policía Boliviana para el cierre de los negocios que funcionan clandestinamente, previa sanción a los propietarios de inmuebles que alquilen o administren estos espacios.
Según datos de la Fejuve, sólo en La Ceja de El Alto el número de bares, lenocinios y alojamientos superaría los 600, mientras que en toda la ciudad este llegaría a superar los 1.500, entre clandestinos y legales.
Frente a estas circunstancias, profesionales de la Defensoría del Pueblo, en un seminario realizado el pasado viernes, manifestaron que ante la proliferación de estos negocios, se busca crear conciencia ciudadana para que sean los mismos vecinos quienes denuncien la apertura de estos negocios, que según los expositores estarían incluso captando escolares.
Se conoce que desde el Gobierno Municipal de El Alto, se programaron operativos con la Guardia Municipal, esto con el fin de cerrar estos negocios y decomisar bienes, además de evitar su reapertura; a la vez ya se habrían entablado reuniones con los propietarios para regularizar su funcionamiento.
Por otra parte, la FELCC asegura que el 70% de los hechos delictivos a nivel nacional se planifican y surgen en bares y cantinas clandestinas, mientras que las víctimas de cogoteros, robos agravados y otros, en un 89% se encontraban en estado de ebriedad.
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