Desde hace tres meses, el Gobierno Municipal de La Paz pretende frenar la emergencia sanitaria derivada del hacinamiento de cadáveres en la morgue judicial.
La grave amenaza para la salud pública viene desde julio de 2011, con la existencia de 57 cadáveres putrefactos.
Entonces la Alcaldía corrió con el gasto por la incineración de Bs 800 a Bs 1.500 por cada cuerpo.
Asimismo, 35 cuerpos fueron trasladados a depósitos del camposanto para su cremación, tres fueron recogidos por sus familiares .
El oficial Mayor de Promoción Económica del Gobierno Municipal, Ronald Pereira, informó que “la Alcaldía está asumiendo la responsabilidad” en el marco del compromiso asumido por el alcalde Luis Revilla en una reunión interinstitucional propiciada por el Viceministerio de Régimen Interior para buscar una salida a la emergencia.
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