Quispe presenta documentos que verificarían represión planificada

El representante del Consejo Nacional de Markas y Allyus del Qulalsuyu (Conamaq) Rafael Quispe, dio a conocer documentación que demostraría la organización que se realizó para la intervención de la octava marcha indígena el 25 de septiembre de 2011 durante la octava marcha en defensa del Tipnis.

Quispe presentó documentos que, en su criterio, dejan al descubierto la existencia de una organización previa para la intervención de la octava marcha y que la expone ahora después de haberla mantenido en resguardo con la finalidad de ver cuál sería el desarrollo de las investigaciones en torno a la represión de Yucumo, por parte de la Fiscalía.

Aseguró que el tema era de conocimiento del Ejecutivo y la Policía Nacional, donde el operativo tenía la finalidad de persuadir a los marchistas de no continuar con la medida y en caso de no conseguir una respuesta, se procedería a la intervención haciendo uso del equipo policial, de antimotines y flotas de transporte.

El operativo habría sido avalado con la firma del comandante General de la Policía, Jorge Renato Santisteban Claure, el director de Planeamiento y Operaciones, Coronel Carlos Remberto Flores Cuellar y el jefe del Departamento Nacional de Operaciones, Teniente Coronel, Franz Milton Hoyos.

“De todo el plan que se ha desarrollado tuvo conocimiento el Ministro como cabeza del sector y el presidente del Estado Plurinacional. Además que esto ha sido tratado en Gabinete y ha sido dado el visto bueno en Gabinete, donde a han participado como cabeza de sector el exministro Sacha Llorenti”, argumentó el representante de Tierras Altas.

Por su parte, el también dirigente de Conamaq, Carmelo Titirico, expresó que su persona y una parte del Conamaq no apoyarán la novena marcha, debido a que cataloga a la misma de política, además de manifestar que se apoyará la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. Sin embargo, desde la central de la Conamaq sus representantes manifestaron que Titirico carece de legitimidad, considerando que habría trabajado en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), lo que demuestra su afinidad y motivos por los cuales apoyaría la propuesta del Ejecutivo.