Magistrado de Perú: las convicciones deben superar las presiones políticas

En entrevista exclusiva con EL DIARIO, el presidente del Tribunal Constitucional de Perú, Fernando Calle Hayen, manifestó que la labor de los juristas en la región tiene su importancia y peso frente al poder establecido con el fin de garantizar la aplicación de las normas en beneficio de la sociedad.

Sostuvo que siempre existen presiones políticas sobre la aplicación de la justicia, pero que es menester de los profesionales del Derecho demostrar su independencia y convicciones al aplicar la ley.

Calle Hayen, se encuentra en el país en una visita protocolar para compartir experiencias del Poder Judicial del hermano país con las autoridades y juristas bolivianos. En palabras al Decano de la Prensa Nacional, el magistrado valoró la elección judicial de octubre pasado, asegurando que incluso la elección del Fiscal General debería ser por esta vía democrática, aunque reconoció que pueden existir interferencias políticas que afecten a estos procesos.

“A quienes dieron estas altas funciones, que no son cargos políticos, porque tiene una enorme diferencia, donde se requieren exigencias de doctorados, maestrías y es natural que existan presiones de todo tipo, allí es donde se prueba la calidad de la magistratura y del conocimiento de un ciudadano sobre saber cuáles son sus funciones. El hecho de tener convicciones políticas no hace que esté atado sino al contrario, con libertad, por su propia calidad jurídica, capacidad, trayectoria, por su honestidad y conocimiento jurídico es que tiene que dar esa garantía jurisdiccional en un sistema democrático”, sostuvo.

Asimismo, el entrevistado expuso algunos parámetros del TC de Perú, destacando que en la justicia peruana existe autonomía e independencia de las esferas políticas. “En el caso peruano se viene desarrollando su evolución judicial desde el punto de vista de la autonomía y la garantía de la institucionalidad para los peruanos y no peruanos; existen sus bemoles, claro, porque el Poder Judicial viene desde el tiempo de la fundación hecha por el Libertador Simón Bolívar”.

“El TC peruano consta de siete magistrados y es a la

Constitución Política que se deben sujetar las inversiones de los gobiernos, que podrán adecuarse a sus convicciones ideológicas y políticas, pero a nosotros nos toca garantizar el orden jurídico y constitucional para dar garantías a la ciudadanía, que tengan confianza en que las reglas son claras y que el poder político que tiene la representatividad popular también tiene control sobre lo que podría ser el exceso de poder o incluso el desconocimiento de las normas en algunos casos”, agregó.

El Magistrado del Tribunal Constitucional de Perú, también se refirió al tema de los derechos civiles, los pueblos originarios y las controversias con los estados como es el caso de los indígenas del oriente boliviano y la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

“Hablamos de competencias, las normas vigentes y la protección del medio ambiente. De acuerdo a la legislación internacional si están en juego los derechos fundamentales de la vida, se acudirá a las cortes constitucionales, con amparos que pueden reparar el daño constitucional, pero no el daño ambiental. En el caso peruano se dijo que los inversores pueden avanzar, porque la Constitución lo garantiza, pero también se establecen los parámetros de las inversoras, para que no atenten contra la moral o la vida misma y a quien le toca asumir esa legislación es a los gobernantes”, expuso.

Sostuvo que los pueblos originarios tienen sus propios mecanismos de legislación, aunque queda la tarea pendiente de informar de la manera más objetiva sobre los impactos y beneficios que puedan generar las obras.

DATOS

- El magistrado Fernando Calle Hayen nació el 10 de febrero de 1954. Es profesional abogado de la Universidad Nacional Federico Villarreal (1978). Doctor en Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y Magíster en Derecho Constitucional Universidad Nacional Federico Villarreal.

- Magistrado del Tribunal Constitucional para el período 2007-2012.