Aumento de los linchamientos

El pueblo boliviano, tradicionalmente respetuoso y contrario a las arbitrariedades, se encuentra cada vez más asombrado y preocupado por la práctica y crecimiento desmesurado de los linchamientos de personas que no fueron sometidas a ninguna acción judicial y que, inclusive, en muchos casos, son inocentes. Se observa que se está retrocediendo a tiempos en que se aplicaba los sistemas de “diente por diente, ojo por ojo”, y cada quien hacía justicia por mano propia sin que, además, se corrija esa práctica de los tiempos en los que no había moral ni justicia.

Según informaciones semioficiales, en los últimos años la práctica de los linchamientos se ha extendido como aceite sobre el agua, y actitudes en ese sentido en la región occidental del país, ahora se realizan también en zonas orientales, siempre a título de que está autorizada la vigencia de la llamada “justicia comunitaria”. En forma específica, medios oficiales afirman que los casos de linchamiento en tiempos recientes ha llegado a más de 20 personas, con los agravantes de que no se busca y menos se sanciona a los culpables y, más bien, se sigue dando carta blanca para que cualquier persona o grupo de personas dé muerte atroz, inclusive sin el menor motivo, a personas inocentes.

Los linchamientos tienen en realidad aterrorizado al pueblo, ya que cualquier individuo que guarde alguna idea de venganza, puede desatar sus bajos instintos contra cualquier persona que no le simpatice y así movilizar a otra gente para cometer una acción que no permite una sociedad civilizada.

La llamada “justicia comunitaria”, uno de cuyos brazos es el linchamiento, está adquiriendo carácter generalizado y hasta es respaldada con la indiferencia y la omisión por parte del régimen dominante. Se está dejando de lado derechos humanos como la presunción de inocencia, juicio justo, defensa apropiada, sanciones proporcionales al delito, abogado defensor y, en particular, porque según la Constitución no existe la pena de muerte.

Se observa que ninguno de los sistemas modernos de justicia que durante siglos ha ido construyendo la humanidad, se encuentran en vigencia en Bolivia y ese fenómeno es cada vez más acentuado, pudiendo pronosticarse que si los hechos continúan con ese ritmo, pronto se va a llegar a una situación caótica en la que cada quien va a tener que andar por las calles con el testamento bajo el brazo y con pistola en mano para ponerse a salvo de cualquier persona que le mire con malos ojos.

La situación adquiere mayor nivel de alarma desde el momento que en años recientes se registraron decenas de casos y, en muchas oportunidades, a la vista y paciencia de las autoridades que finalmente, han hecho oídos sordos a las demandas de la población de poner fin a este anormal estado de cosas que, por lo demás, tiende a agravarse y convertirse en el pan de cada día, al extremo de llegar a un grado de involución próximo a la barbarie y que, en esencia, constituye una violación implícita de los más elementales derechos humanos, inclusive con el amparo de mecanismos oficiales e inclusive del nuevo sistema judicial.

El Gobierno prometió que el pueblo boliviano tendría una “nueva justicia”, pero se comprende que ella sería más justa y efectiva. Sin embargo, la “nueva justicia” que rige en el país pareciera que buscaría alcanzar todo lo contrario, ya que no se observa su efectividad ni su aplicación, lo cual queda demostrado en los hechos por la difusión diaria de los linchamientos de inocentes hasta en los lugares más alejados del territorio nacional.