Tribunal Supremo de EEUU se inclina a favor de ley contra indocumentados

Por segunda vez en este curso judicial, el Tribunal Supremo de Estados Unidos abordó ayer una ley de alto voltaje político y, como ocurrió anteriormente con la reforma sanitaria, los magistrados parecen inclinados a contradecir al Gobierno y declarar la validez de la ley de Arizona que permite la identificación de los inmigrantes ilegales. La decisión, que puede representar un hito en la política norteamericana sobre la inmigración, no se anunciará hasta el mes de junio, publicó EL PAÍS.

Ninguno de los jueces que intervino en la vista, ni conservadores ni liberales, expresaron públicamente serios reparos con el hecho de que el Estado de Arizona autorice a la policía a reclamar los documentos a las personas que hayan sido detenidas como sospechosas de otras faltas o delitos, como una violación de las normas de tráfico. Esa autoridad, así como la declaración de delito a la solicitud de un empleo por parte de los inmigrantes irregulares, habían sido suspendidas por tribunales de escala inferior. Ni la falta de papeles ni la búsqueda de trabajo son delitos federales en este país.

El abogado Paul Clement, que representó al Estado de Arizona, sostuvo que la ley, no solamente no invade competencias del Gobierno federal, sino que le ayuda en su misión de perseguir la inmigración ilegal. “El Estado no interfiere simplemente por entregar a las autoridades federales la información sobre un detenido que, además, reside de manera ilegal en este país”, dijo.

La juez Sonia Sotomayor, de origen puertorriqueño y de la que se espera la más firme oposición a la ley, argumentó que no tenía inconveniente en que Arizona pueda desempeñar esa función complementaria, aunque expresó dudas sobre cómo van a garantizar las autoridades de ese Estado que no se va a violar la Constitución al mantener arrestados a los sospechosos por encima del tiempo legalmente permitido. La representación del Estado no dejó claro cuánto tiempo se puede necesitar para comprobar que un sospechoso carece de documentos de residencia.