Inversión pública en agropecuaria

III.- Prosiguiendo con el análisis del tema del título, debate auspiciado por el IPDRS, CRECE, SAM-OXFAM y con la participación de CIDES-UMSA y Fundación Jubileo, revisaré el trabajo de esta última, elaborado por René Martínez.

En primer lugar, con base en las estadísticas oficiales, se refieren al extraordinario crecimiento en la ejecución de ingresos por parte del TGN, provenientes de las regalías por hidrocarburos que entre 2005, 2008 y 2012, como años de referencia, se elevaron considerablemente desde 2.285 millones de bolivianos el 2005 a 3.277,3 3900 millones de bolivianos los dos años de referencia posteriores; el impuesto directo a los hidrocarburos (32% del valor de la producción) se elevó de 2.321 a 6.644 y 6.934 millones de bolivianos en los mismos años.

Lo anterior significó un crecimiento notable en las posibilidades de inversión pública que se expresan en tasas crecimiento del PIB total que partiendo de un 2,5% el 2000, después de una ligera caída el 2002 a 1,7% empiezan a elevarse desde un 4,2% el 2004 a tasas de 4,4%, 4,8%, 4,6 %, un pico de 6,1% el 2008 para situarse en 3,4% y 4,1% en los años 2009 y 2010.

Sin embargo, en este período el comportamiento de las tasas de crecimiento del PIB agropecuario mostró un comportamiento errático con tasas muy variables de comportamiento, partiendo de 3,5% el 2001, cae 0,4% el 2002, alcanza un pico de 8,7% el 2003, para caer a 0,2% el 2004. Este comportamiento errático muestra su peor nivel el 2010 con – 1,2% el 2010, lo cual puede deberse tanto a condiciones climatológicas, como políticas dadas las restricciones impuestas a las exportaciones de arroz, maíz, carne de pollo, azúcar, y aceite.

Al mismo tiempo la participación del PIB agropecuario muestra un periodo de disminución en su participación en el PIB real, de 16,0% en 1991, cae a 14,2% el 2000, se eleva el 2003 a 15,0% para luego iniciar el descenso a 13,3% el 2008 y 12,6% el 12,6%. Esto se explica por la mayor participación de los sectores minero e hidrocarburos en el último quinquenio.

Cabe resaltar que el sector agropecuario, con datos del 2009, sigue siendo una de las principales fuentes de trabajo con 32,1%, frente a minas e hidrocarburos que por ser intensivas en capital apenas ocupan un 1,0%; la construcción pese al “boom” que viven las principales capitales del país, tan sólo ocupa el 7,4%, mientras que la administración pública y los servicios sociales, como resultado del extraordinario crecimiento de la burocracia pública, ocupa un 17%.

Son prioridades de generación de empleo, poco consistentes, con la evidente necesidad de generar más oportunidades de trabajo para evitar la alta tasa de desempleo y la fuerte migración que vive el país en la última década.

El poco apoyo para fortalecer al sector agropecuario se expresa, al mismo tiempo, en los altos niveles de inflación, particularmente en alimentos los datos procesados por Jubileo revelan que la inflación general fue del 11,7% el 2007, 11,8% el 2008, increíblemente habría sido tan sólo del 0,3% el 2009, para repuntar de nuevo el 2010 con 7,2% y situarse en 6,9%. La de alimentos para los mismos años fue de 19,8%, 19,0%, -3,1, 11,6 % y 6,9% el 2011, aunque los datos para los dos últimos años están fuertemente cuestionados, dada la visible subida de precios de los alimentos principales de la canasta familiar.

Para concluir el trabajo cita el Artículo 16 II, de la CPE: “El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población”, lo cual tal como lo han demostrado los otros trabajos de este encuentro, se encuentra alejado de la realidad, tal como lo evidencia la tendencia a la creciente importación de alimentos, en marcado contraste con la supuesta política de preferencia a favor de los grupos “originarios y campesinos”.