Verdades en el conflicto del transporte

El Gobierno Central deja indefenso al Municipio frente a la desafiante actitud de los transportistas de no acatar una Ley dictada dentro del marco de la Autonomía Municipal, con lo que hace víctima del abuso a la población. Efectivamente, la Ley Municipal del Transporte busca establecer orden y control a un servicio que actúa según el capricho de sus conductores y que se traduce también en mal trato e incomodidad del público usuario. La actitud negativa gubernamental en este problema no puede ser más clara cuando los mandos superiores de la Policía -inclusive el Ministro de Gobierno-, para no hablar del llamado Organismo Operativo de Tránsito, ven de brazos cruzados el bloqueo con micros, microbuses y otros de servicio público en el centro y en “puntos estratégicos” de la ciudad, así como el cerco a la sede del Gobierno Municipal, al extremo de impedir el acceso de sus funcionarios y agredir a las personas que acudían para algún trámite.

El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, puso en duda la mencionada ley abriendo la posibilidad de su “revisión” o sea dejarla en suspenso, según registra la prensa escrita, avalando el desacato del mencionado gremio para dejar las cosas como están. Lejos de coadyuvar en un momento en que por primera vez se trata de remediar un padecimiento colectivo que se ha hecho crónico, la inactividad del Organismo Operativo de Tránsito y con él de la Policía, demuestran una tácita alianza de éstos con las organizaciones sindicales del transporte contra todo intento de regulación, dejándolas prácticamente dueñas de calles y plazas. Nadie duda que los mandos policiales no actúan por decisión propia si no es obedeciendo instrucciones del Gobierno y es que los órganos oficiales han dado ya demasiadas muestras de haber declarado una enconada guerra contra todas las autoridades opositoras electas y este es el caso del alcalde Luis Revilla.

No han faltado denuncias en sentido de que en la mañana del día 19, algún oficial de Tránsito incitaba a cubrir las placas de circulación de los vehículos que habían iniciado el bloqueo para evitar su identificación. En buenas cuentas se invitaba a violar las propias disposiciones emanadas del Organismo de Tránsito al que se deben todos sus efectivos. El ocultamiento de placas se pudo comprobar en todos los motorizados bloqueadores. De igual manera campea la impunidad cuando incontables vehículos desacatan la restricción de circular por numeración de placas. Esto y el desconocimiento a la autoridad municipal dan la medida de que sin atenuantes estamos ante un gremio autoritario… Por su parte, la “madre del cordero” del rechazo a la nombrada ley por los organismos policiales del ramo, no parece ser otro que la pérdida de ingresos, si algunos pasan a los municipios. Tampoco se ignora que existen ciertos beneficios sin sustento normativo.

Según los transportistas urbanos su resistencia a la referida Ley Municipal se genera porque muchos de los artículos consensuados aparecen adulterados en el texto legal y además temen ser pasibles de dobles sanciones. Lo cierto es que la elaboración fue asistida paso a paso con la participación y conformidad de sus dirigentes y que el texto es suficientemente claro al discriminar qué tipo de sanciones corresponde aplicar a la Alcaldía y al Organismo de Tránsito. Por su parte el Gobierno se encuentra en la encrucijada de anular prácticamente la autonomía, pues no otra cosa significa colocarse de espaldas a la disposición de un ente autónomo. ¿Si este régimen no resulta cómodo, por paradoja, al tajante centralismo impuesto, no debía impulsar en el Asamblea Legislativa la Ley Marco de Autonomías, ni la Ley Nacional del Transporte, las mismas que no hacen otra cosa que responder a la propia Constitución del MAS, como se la denomina. La Ley Municipal de Transporte tiene sustento en dichas normas nacionales.