La CPIB, CMIB y Conisur no participan de la movilización

La novena marcha inicia con divisiones en el seno de las organizaciones indígenas de Tierras Bajas, tal es el caso de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) y la Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB), que decidieron no participar tras la firma de acuerdos con el Ejecutivo en las anteriores semanas.

Una vez firmado el acuerdo con algunos dirigentes como Pedro Vare, las denuncias recayeron en éste desde las propias esferas indígenas, señalando al representante como un nuevo aliado del Gobierno, además de supuestos ilícitos con el tráfico de madera.

En anteriores declaraciones, la dirigente Melva Hurtado dijo “no es que nos estemos vendiendo. Esto lo estamos trabajando porque necesitamos ser atendidas por nuestro Gobierno porque necesitamos el desarrollo en nuestras comunidades”.

La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) anunció que no participará de la movilización, pero que sí respaldan a los indígenas de Tierras Bajas en su demanda por la defensa del Tipnis. En al anterior marcha de agosto pasado, la APG caminó junto a la Cidob e incluso su dirigente en esa etapa, Celso Padilla, fue víctima de la represión de Chaparina.

Para el dirigente del Consejo Indígena del Sur (Conisur) Gumercindo Pradel, perteneciente al Polígono 7 donde están asentados colonizadores y productores de la hoja de coca, la novena macha no es legítima porque no representa a los pueblos originarios.

“Esta marcha no es legítimamente indígena porque nos debían convocar a la Cidob, porque somos parte de la organización, pero están manejando de forma política y hay intereses como la dirigente Justa Cabrera que dijo que está en la asamblea de Santa Cruz gracias a la anterior marcha”, declaró ayer Pradel.

En los últimos 30 días el Ejecutivo a la cabeza del mandatario Evo Morales y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, se dirigieron al sector del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) para hacer entrega de motores fuera de borda y otros implementos a las comunidades en coordinación con la Agencia de desarrollo de las Macroregiones y Fronteras (Ademaf) y la gobernación del Beni, ahora a cargo del interinato de Haisen Ribera, tras la suspensión de la autoridad electa Ernesto Suárez.