Entre octava y novena marcha
De acuerdo con sectores políticos de oposición, el Gobierno debe enfrentarse nuevamente a la controversia generada por la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, debido a la falta de seriedad que existió desde la aprobación de la Ley 180, la que se dejó sin efecto con la promulgación de la Ley 222 y la presunta anulación del contrato con la empresa OAS, además de no aclarar las denuncias de irregularidades en contra del proyecto caminero.
La octava marcha indígena inició el pasado 15 de agosto del 2011como resultado de las aseveraciones del presidente Evo Morales, quien afirmó que el proyecto caminero se consolidaría “sí o sí”.
La movilización se inició con aproximadamente 400 indígenas y durante su desarrollo, tanto los dirigentes como las bases fueron acusadas desde traficantes de madera hasta tener vinculaciones con países extranjeros y Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s).
Para el diputado por Convergencia Nacional (CN), Andrés Ortega, el Gobierno se empeñó en desprestigiar a los indígenas, porque conocía de antemano las consecuencias políticas de esta medida de presión para la gestión gubernamental y para la imagen del propio Jefe de Estado.
La VIII marcha indígena llegó a la ciudad de La Paz, el pasado 20 de octubre bajo un recibimiento masivo de la población en general, el cual fue calificada como “impresionante”.
El poder Ejecutivo envió un proyecto de Ley cuyo contenido determinaba la protección del parque Isiboro Sécure, la suspensión de las obras y la declaración de zona intangible al Tipnis.
Posteriormente, cuando los indígenas retornaron a su región, una nueva movilización acusada de ser originada por el partido en función de Gobierno, llegó a también a La Paz para exigir la anulación de esta norma y para proponer otra que dé legalidad a la consulta “previa”.
“Después de esto se habló de una anulación de contrato que no convence a nadie, y por supuesto se sabe que el Gobierno intentará aun por otros medios realizar la carretera. Así juega el Gobierno”, afirmó por su parte el diputado por Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro.
“Esta nueva marcha hace temblar al país, pero sobre todo hace temblar al Gobierno porque conoce que gracias a que nunca aclaró las irregularidades en torno a esta carretera, la novena marcha de los indígenas podría derrotarlo”, sostuvo el diputado Andrés Ortega (CN).
En tanto el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Galo Bonifaz, responsabilizó a los indígenas de Tierras Bajas, por haber magnificado éste conflicto y “mentir” al pueblo boliviano.
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