El director de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Juan Ramos, calificó de ilegal la retención de depósitos en la Magistratura, convirtiéndose en desacato, por no responder a una sentencia judicial de materia.
Las normas jurídicas en nuestro país establecen que todos los trámites judiciales en los tribunales en materia civil, penal, familiar, laboral, tienen la posibilidad de que las partes hagan los depósitos judiciales en las cuentas del Consejo de la Magistratura. “Lo que significa que los juzgados de Instrucción generan depósitos judiciales y con un formulario se depositan en el Consejo de la Magistratura. Una vez depositados los montos, las partes solicitan el desglose y endose, que el juez ordena mediante notificación expresa la entrega de los depósitos judiciales. Con esta orden judicial el Consejo de la Magistratura debiera dar cumplimiento, porque es una orden judicial y el no cumplir constituye un desacato, por ende es un delito”, aclaró Ramos.
Para el director de la carrera de Derecho, en la actualidad el Consejo de la Magistratura no estaría dando estricto cumplimiento a las órdenes judiciales, siendo la vía administrativa la instancia que estaría realizando una serie de observaciones que no son de fondo, sino de forma, a pesar de no ser competencia del Consejo de la Magistratura, sino de los jueces.
“Personalmente, hemos tenido tres casos donde el trámite ha durado meses para recoger los depósitos judiciales, por las observaciones y procesos administrativos que no corresponde. Existen muchas observaciones a la Magistratura, porque esta instancia no tiene competencia para observar las órdenes judiciales, ya que están bajo responsabilidad y dictamen de un juez y deben simplemente dar cumplimiento estricto a la normativa, entregando los cheques correspondientes, con la orden de desglose y endose”, explicó.
Para el abogado Ramos, el argumento expresado por las funcionarias de la Magistratura, quienes responsabilizan a la banca de retener el dinero y crear el proceso burocrático; tampoco se puede alegar que el cambio de autoridades judiciales en Sucre demora el proceso, porque el dinero se entrega en la Magistratura, por lo tanto, sólo es un tema administrativo y burocrático de esta instancia.
El Director de la Facultad de Derecho recomendó a los ciudadanos que atraviesan por esta problemática a denunciar mediante trámite administrativo ante el Consejo de la Magistratura con sede en Sucre, para que se acelere el proceso burocrático y se dé estricto cumplimiento a las órdenes judiciales.
“Finalmente, en caso de no tener una respuesta a las denuncias efectuadas en Sucre, las partes deben realizar los procesos judiciales por desacato a los responsables funcionarios administrativos por incumplimiento de las órdenes judiciales por la retenciones indebidas de dichos recursos privados”, concluyó el entrevistado.
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