El problema de salud, una visión autonómica

El problema de la salud pasa por no cumplir con la normativa vigente, establecida en la Constitución Política del Estado. El Decreto Supremo No. 1.126 vulnera la Carta Magna en su artículo 48, parágrafo III, que indica que los trabajadores no pueden renunciar a los derechos y beneficios reconocidos a favor de ellos y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos; en ese entendido bien podrían presentar un amparo constitucional en contra de dicha norma.

La Constitución Política del Estado establece que la salud es un derecho fundamental, sin embargo para que éste se cumpla de manera satisfactoria para la población, el Artículo 37 de dicha norma establece que “El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera…”.

En ese contexto también la mencionada norma establece en su artículo 298, parágrafo II, numeral 17, que son competencia exclusiva del nivel central de Estado las “políticas del sistema de educación y salud”, por lo que corresponde que el Gobierno Nacional elabore y formule buenas políticas públicas orientadas a mejorar el servicio de salud en coordinación con las entidades territoriales autónomas.

Pero cómo formular buenas políticas para este sector si el gasto per cápita en Bolivia en salud es apenas de $us. 85, comparado por ejemplo con Cuba, donde alcanza a $us. 607, entonces ¿dónde queda que la salud sea la primera responsabilidad financiera para nuestro país, cuando apenas el 2,45% del Presupuesto General del Estado se destina a este sector?

La Ley Marco de Autonomías establece las competencias del nivel central en materia de salud y dicha norma es clara e indica que el nivel central debe elaborar la política nacional de salud; ¿el incremento de dos horas diarias de trabajo será una buena política pública?, ¿no será que el presidente Evo Morales busca imponer medidas populistas para recuperar su “popularidad”?, ya que esta medida impuesta es una conclusión de la Cumbre Social de Cochabamba, donde sólo participaron sectores sociales afines al partido oficialista, por lo que no tiene legitimidad, ya que no fue consensuada con el sector médico, mucho menos con otros sectores de la población.

Entonces, sería muy conveniente que el Gobierno Central aplique las competencias establecidas en la Ley Marco de Autonomías de una manera eficiente, eficaz y urgente. En primera instancia sería bueno saber si existe un Plan de Desarrollo Sectorial Nacional, el cual establecería verdaderas políticas públicas para el sector salud y no improvisar medidas populistas como esta.

La Constitución Política del Estado en su artículo 299, Parágrafo II, numeral 2, establece como una competencia concurrente la gestión del sistema de salud y educación, lo cual implica que las entidades territoriales autónomas también están involucradas en la problemática del sector. Los hospitales del tercer nivel pasaron a depender de las Gobernaciones y los hospitales de primer y segundo de los Gobiernos Municipales y según la Ley Marco de Autonomías deberían ser estas instancias las encargadas de proveer a estos establecimientos de servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y demás suministros, así como supervisar y controlar su uso. Entonces la tarea es conjunta y sólo hace falta aplicar las competencias de manera coordinada.

Pero la pregunta es ¿cómo coordinar entre entidades territoriales autónomas para generar políticas públicas de salud y cuál debería ser el ámbito ideal? La Ley Marco de Autonomías y Descentralización en su artículo 122 crea el Consejo Nacional de Autonomías, que es una instancia consultiva y se constituye en la instancia permanente de coordinación, consulta, deliberación, proposición y concertación entre el Gobierno plurinacional y las entidades territoriales autónomas y de la cual forman parte el Vicepresidente, ministros de Estado, gobernadores, alcaldes, etc. Sin embargo dicho Consejo no se ha reunido ni una sola vez, este escenario sería el ideal para coordinar políticas públicas para el sector salud.

Finalmente considero que incrementar más horas de trabajo no constituye una solución al problema de la salud, que es más estructural, pasa por la dotación de más ítems médicos y personal de salud, mejores condiciones de trabajo, disponibilidad de insumos, infraestructura, capacitación, tecnología, medicamentos y recursos financieros, elementos con los cuales no se cuenta o son insuficientes, lo que limita la calidad del servicio.

El autor es Senador por el

Departamento de Santa Cruz.