Cedla asegura que “el trabajo asalariado no es una garantía”

En la actualidad se define el precio de la fuerza de trabajo muy por debajo de las necesidades reales de los trabajadores, asegurando un amplio margen de utilidades para los empresarios, sin que las reivindicaciones de los obreros logren sus objetivos

Este es una de las conclusiones de un estudio realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), que asegura que el empleo asalariado no es garantía de trabajo seguro y estable.

“La desvalorización de la fuerza de trabajo ha sido una constante en el último cuarto de siglo en el país y se expresa en la persistencia de salarios bajos o insuficientes para asegurar la reproducción física y social de los trabajadores”, señala el informe.

El 2010, el 60% de los asalariados en las ciudades del eje urbano nacional tenía un contrato de trabajo por tiempo indefinido y un 40% contaba con empleos eventuales, temporales y a contrato fijo.

Considerando como indicador el trabajo por jornadas que superan las 48 horas por semana, se observa que un tercio de los asalariados está expuesto a jornadas muy prolongadas, mientras la proporción se eleva al 41.7 % en el sector empresarial, un 41.3% en el sector semiempresarial un 17% de los asalariados estatales, donde las jornadas difícilmente superan las 40 horas a la semana.

Este estudio contempla las problemáticas que actualmente convulsionan la situación social y económica del país. En este sentido, no sólo hace referencia a los rubros en que se desenvuelven los bolivianos, sino que también permite vislumbrar la precaria situación actual de los trabajadores.

Por otra parte el estudio afirma que la jornada laboral se incrementa constantemente, sin que esto suponga un aumento en los salarios.

De acuerdo a datos del Cedla, la canasta familiar (que incluye bienes para asegurar los nutrientes energéticos esenciales para asegurar la subsistencia física del trabajador y su familia) tiene un valor de Bs 4.274. Siendo que el salario mínimo actual es de Bs 815.30 e incluso con el aumento de 18% planteado por el Gobierno, no se cubre ni la mitad de la canasta básica familiar.

Para el Cedla, el precario sistema laboral está estrechamente ligado a la política salarial de contención, que es aplicada sistemáticamente para el abaratamiento de costos laborales que mejoran la rentabilidad empresarial y controlan el gasto fiscal. Esta situación afecta a gran parte de los trabajadores, sobre todo a los obreros (industria, minería, construcción, agropecuaria), los trabajadores de los servicios no calificados (comercio, servicios personales diversos) y, a los trabajadores de los servicios estatales (educación y salud).

En un campo sometido a la fuerza de trabajo excedente, existe mayor vulnerabilidad de los trabajadores que tienen menos herramientas de negociación ante la posibilidad de un despido. Pese que tener una fuente laboral debería ser garantía para una mejor calidad de vida, las condiciones salariales no cubren las necesidades básicas de las familias comprendidas en la “canasta familiar”.