Gobierno aplica consultorios ambulantes y el sector salud ratifica paro indefinido

Al ingreso del segundo mes del conflicto entre el sector salud y el Gobierno central, los médicos ratifican el paro indefinido en rechazo a las ocho horas de jornada laboral impuesta por el Decreto Supremo 1126. En tanto, el Gobierno asegura que la medida no tiene razón de ser tras la anulación del reglamento respectivo, además de lanzar los consultorios móviles para la atención al público.

El portavoz de los médicos, Víctor Barrios, ratificó la posición de los galenos del país que no dejarán sus medidas de presión hasta que el Gobierno retire el citado decreto.

“En La Paz y pese a las presiones que existen en algunos centros se puede decir que un 80% del sector médico está en paro. Se advierte un gran espíritu de cuerpo porque hay presiones de diversa naturaleza a la que están sometidos muchos de los miembros”, expresó Barrios.

Mencionó el hecho que muchos de los médicos se están jugando el sustento diario, hay otra gente que está con contrato y este paro puede determinar su alejamiento.

“El Gobierno lanza cifras, pero no soluciones y lo que se quiere en este momento es una solución a este problema. Estamos dispuestos a sentarnos en la mesa de diálogo, pero debe existir una predisposición del Gobierno para encontrar elementos de acuerdo, tomando en cuenta que la salud y la educación son pilares de cualquier sociedad”, dijo Barrios.

Por su lado, el Gobierno se pronunció a través del viceministro de Salud, Martín Maturano, quien descalificó la medida de protesta del sector tras la suspensión del reglamento del DS 1126. Anunció la instalación de mesas de diálogo para abordar los temas administrativos – técnicos para los salubristas del país.

Asimismo, la autoridad explicó que la carencia de insumos, que es otra de las cuestionantes por parte de los médicos y los servicios de la seguridad social, se deben a factores internos y no por acción directa del Gobierno.

El Ejecutivo comenzó a aplicar un plan de contingencia desde ayer con la inclusión de consultorios móviles que busca brindar atención en el área dental y luego en medicina general.

En tanto, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) se pronunció sobre el tema de incremento a la carga horaria del sector salud, argumentando que la determinación del Ejecutivo vulnera los derechos laborales conquistados.

“El Gobierno aprovecha este conflicto para ocultar la orientación de su reforma de la seguridad social, que pretende controlar, desde el Ministerio de Salud, a las cajas de salud, en especial a la Caja Nacional de Salud (CNS)”, señala el informe.

En cuanto al pedido de este sector para ser incorporados a la Ley General del Trabajo, el Cedla asegura que esta solicitud no es ilegal, porque el decreto supremo 2869, del 1 de mayo del 2006, “reconoce que todo trabajador que cumpla con una relación de dependencia y subordinación respecto a un empleador, que la prestación de trabajo sea por cuenta ajena y que perciba una remuneración o salario”.

El empleo con dependencia “está reconocido en el ámbito de dicha ley, “sea cual fuere el rubro o actividad que se realice” y está sujeto a los derechos y obligaciones emergentes del trabajo asalariado”, señala la institución.

“El gobierno del MAS se ha dedicado a conculcar los derechos conquistados por los trabajadores. Los profesionales en salud y los trabajadores de la salud pública son quizás el mejor ejemplo de esta orientación”, señala la entidad.