Civiles en armas ante la delincuencia

Desde hace mucho tiempo, abundan los anuncios sobre “inminente reorganización o reestructuración de los cuadros policiales”. El anuncio resulta ser “el San Benito” de todos los gobiernos con miras a contentar al pueblo o, simplemente, como acicate para ver si los mandos policiales por sí mismos hacen algo en pro de la comunidad a la que se deben y que es la que los sostiene. Todo queda en los simples “slogans” y nada se hace.

Mientras existen sólo avisos propagandísticos y la policía mantiene incólume su dejadez e indiferencia, la delincuencia organizada hace de las suyas y la comunidad de todo el país está expuesta a sufrir todo tipo de atentados por gente entrenada para hacer el mal, robar, asaltar, herir, maltratar y hasta matar a las personas; para el Gobierno ver que el problema crece, parece ser indiferente y nada se hace. ¿Hasta cuándo?

Vivir sobresaltado, con miedo a sufrir cualquier daño, ver peligrar a niños, mujeres y ancianos que han perdido seguridad y libertad para transitar por calles, mercados, iglesias o cualquier sitio de una ciudad es encontrar la prevención: ¡cuidado porque el peligro acecha donde menos se piensa! En muchas calles y plazas hay “policías vigilando”, pero, en parejas, sólo conversan y pasean. Cuidan bien bancos y otras entidades; saben colocar trampas a motorizados que servirán para depositar multas; prohíben estacionamientos en sitios libres; pero, ¿cuidar a la colectividad?

Ante esta realidad, muchos barrios en varias ciudades han decidido adquirir armas y, si es posible, responder con la misma saña a los asaltantes; sin embargo surge la pregunta: ante la presencia de un delincuente avezado, dispuesto a consumar cualquier atentado o crimen, ¿habrá el coraje, la conciencia para herirlo con un disparo o con un arma blanca? Y el peligro subsiste y crece.

El hecho de que existan delincuentes organizados y ajenos a todo sentimiento de respeto hacia los demás, no quiere decir que la población quede en la indefensión, especialmente si ve lenidad y nomeimportismo de las autoridades que comprueban los casos extremos que se producen en diversos lugares del país y nada hacen; tampoco puede resignarse a la idea de que caídos los delincuentes en manos del Poder Judicial, sus fiscales y jueces los dejen en libertad a poco de haber caído en manos de la Policía.

Estas situaciones de abandono en las que está la colectividad han obligado a que algunos grupos propicien la defensa propia; es una medida que evidentemente no se la puede aplicar porque la población no tiene costumbre -y la rechaza plenamente- de compartir los extremos de la “justicia comunitaria”, por la cual cada persona se cree con el derecho de tomar represalias contra quienes cometen delitos.

La situación, pues, es grave y es el Gobierno el que tendrá que asumir alguna actitud, de acuerdo con las leyes, para poner coto a tales problemas; de otro modo, se corre el riesgo de que nos convirtamos en “pueblo sin rumbo ni fin y sujeto a desmanes de quienes se creen dueños de vidas y haciendas”. La impunidad no debe seguir reinando en el país; tampoco se puede llegar a los extremos en los que, por alguna razón, la población empiece a adquirir la costumbre de disparar a quien invada su domicilio o atente contra algún familiar. Las leyes, hoy más que nunca, deben predominar en la vida de la nación boliviana.