No es culpa de los médicos la enfermedad del Sistema de Salud

No es culpa de los médicos o de los trabajadores de salud que el país tenga los indicadores básicos de salud más bajos de América después de Haití; que las tasas de mortalidad infantil y materna sean aún elevadas; que haya incremento notable de enfermedades crónicas, permanencia endémica de enfermedades trasmisibles o que el Sistema de Salud Público y de la Seguridad Social tenga serias deficiencias.

Claramente existen determinantes económicos, políticos y sociales fuera del sector salud, que influyen negativamente en la salud de la población y que están ampliamente documentados en diferentes estudios efectuados por la OPS, BID, BM y otras organizaciones serias de la sociedad civil, que señalan puntualmente factores como la pobreza estructural, la falta de educación de la población, servicios básicos insuficientes, desnutrición crónica, malos hábitos y, fundamentalmente, la baja prioridad que se asigna al financiamiento de la salud, particularmente del sector público.

Los ministros de economía parece que no quieren entender que el gasto en salud es una inversión, cuyo rédito se expresa en una población saludable y productiva. Si bien en el pasado se recomendaba fuerte restricción del gasto público por el elevado endeudamiento, el país ha sido beneficiado con el perdón de la deuda externa por alrededor de 2.000 millones de dólares y los ingresos fiscales del país actualmente están en una etapa saludable. Por otro lado Bolivia ha adquirido compromisos ante las Naciones Unidas con las Metas de Desarrollo del Milenio, fijándose ocho objetivos a ser cumplidos el 2015, de los cuales tres corresponden al sector salud, objetivos que podrían no cumplirse por falta de adecuado financiamiento.

Resulta paradójico que un Gobierno que protesta vehementemente contra el modelo neoliberal y aboga por un cambio social basado en la equidad, impulse acciones contrarias al discurso. Se penaliza a los profesionales de la salud y a los estudiantes de medicina, que son los principales protagonistas del cambio para una mejor salud. Obligar a los médicos a ocho horas de trabajo sin alguna compensación es una arbitrariedad, en adición se regatea el gasto en salud, con el mejor estilo de las políticas neoliberales durante el periodo de ajuste estructural, y se reprime violentamente las justas demandas de los profesionales de la salud y de los estudiantes, emulando a los gobiernos represores del pasado.

Es de conocimiento público que el presupuesto asignado al sector público de la salud sólo alcanza para cubrir el pago de los salarios, muy poco para la adquisición de insumos y medicamentos, casi nada para renovación de tecnologías y ni hablar de asignación de recursos para investigación. La carencia de medicamentos a nivel de los hospitales públicos es alarmante y el precio de los mismos, a nivel de farmacias particulares, hace temblar el bolsillo más solvente.

Los profesionales de la salud ofrecen sus conocimientos y su experiencia para curar enfermedades y tratar de salvar vidas, pero no en función de intervenciones milagrosas, se requiere infraestructura, tecnología, insumos y medicamentos para atender con eficacia y con calidad la salud de la población que acude a los servicios de salud.

Una rigurosa aplicación de estándares de acreditación de estructura, organización y funcionamiento y parámetros de calidad a muchos hospitales públicos, y algunos de la seguridad social, seguramente darían resultados muy negativos, no por culpa de los médicos o de los trabajadores de salud, sino por ausencia de infraestructuras físicas apropiadas, tecnología obsoleta, ausente o insuficiente, carencias crónicas de insumos y medicamentos, y para el colmo, en muchos casos, la improvisación en la gestión del los procesos técnicos y administrativos. La complejidad del manejo de los establecimientos de salud requiere conocimientos científicos, técnicos y administrativos.

El Sistema de Salud en Bolivia, particularmente el Sector Público, está enfermo, adolece de una crónica anemia financiera, agravada por la improvisación y politización de las funciones técnicas. La función rectora del Ministerio de Salud y Deportes en su rol de liderazgo, conducción y regulación no puede obviar ni excusarse de analizar los problemas de salud de manera integral, para proponer estrategias viables y sostenibles. Es fundamental buscar un mejor balance entre la promoción, la prevención y la curación, mejorar los procesos de gestión, fortalecimiento de los sistemas descentralizados, sistemas eficaces de derivación de pacientes entre el nivel primario y los niveles de mayor complejidad, la renovación de tecnologías obsoletas, el buen manejo de los valiosos recursos humanos y otros aspectos esenciales.

Las buenas intenciones e iniciativas, como el Seguro Básico Integral o el SUMI para la atención materna e infantil, no van a solucionar los serios problemas estructurales del Sistema de Salud. Sólo aproximadamente 30% de la población de Bolivia tiene acceso a alguna forma de seguro de salud o a la atención privada. El 70% recae en el sector público, del cual más del 40% de la población no tiene acceso regular a algún tipo de servicios. Si los altos niveles de decisión del Gobierno no abordan seriamente la salud como parte fundamental del proceso de desarrollo y se asigne el financiamiento apropiado, no se podrá “vivir bien” con una población marginada y enferma.

Quizás sea el momento de abogar para que la Salud y la Educación sean políticas de Estado que trasciendan los planes o programas de los gobiernos de turno.

El autor es médico cirujano, Master en Salud Pública Internacional, ex funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, ex Representante de la OPS/OMS en México.