¿Y qué de bienes y dineros decomisados al narcotráfico?

En la larga guerra que sostenemos los bolivianos en contra del narcotráfico, siempre está latente una pregunta: “¿Dónde están los bienes y dineros que se confisca a los narcotraficantes?”. Nadie responde y, a lo sumo, se dice: “El juez cautelar es el que sabe”; pero ni el juez ni ninguna otra autoridad dice algo al respecto y el misterio continúa: los cuantiosos bienes que se ha decomisado al narcotráfico en los últimos 30 años, nunca tuvieron una información, una aclaración, un detalle pormenorizado y menos cuantificado y cotizado.

Cuando hay tareas de interdicción contra el negocio de las drogas, normalmente se decomisa bienes de toda clase: propiedades inmuebles, automotores, aviones, avionetas, lanchas, muebles, enseres, joyas, ropa, dinero y otros; cada quien en las fuerzas policiales o en la misma FELCN guarda un mutismo increíble porque parece que las órdenes son terminantes al respecto. ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué el sigilo, el secreto que cuidan con tanto esmero quienes han hecho los decomisos?

Entre los bienes está el dinero: cuantiosas sumas en bolivianos, dólares, euros y otras monedas ingresan a las arcas policiales; se dice, abusando de la ingenuidad del público, que han sido depositados en el despacho del juez; consultado éste, muestra admiración y niega totalmente lo afirmado por los policías y otros funcionarios.

Alguna vez, y sólo por casualidad, un viceministro del área ha presentado un informe pormenorizado; pero no fue entregado a los medios ni a organización alguna. ¿Algún temor? ¿Excesiva cautela por las exigencias que se haría para informes más ampliados y, sobre todo, conocer el destino de todo ello? Hay, pues, secretos arcanos en el caso de todo lo que pertenece a los empresarios de las drogas y que caen en poder policial.

El problema es grave si se tiene en cuenta que este delito vinculado a las drogas tiene contactos con la corrupción y la delincuencia; en algunos países -casos Perú y Colombia- los nexos son mucho más graves; pero nada ni nadie exige que todo quede en “manos del juez cautelar que jamás informa”.

Hace poco -y como ejemplo marginal- la muerte del narcotraficante “Barbaschocas” trajo a la memoria los decomisos y uno de ellos es el referido a 13 automóviles petas que la Policía decomisó y de lo que nunca se rindió cuentas; sin embargo, muchos de ellos eran manejados por miembros de la entidad policial.

Son las autoridades del Ministerio de Gobierno las que deberían informar ampliamente sobre todos los casos; pero son las primeras en guardar mutismo absoluto. ¿Por qué? Sin embargo, hay inmuebles, propiedades agrícolas, aviones y avionetas, motorizados y dineros que por los celos que se tiene con ellos, las reservas son absolutas. Este procedimiento, quiérase o no, compromete seriamente a las autoridades porque tendrá que llegar el momento en que deban rendir cuentas sobre asunto tan delicado y que compromete a la moral del Gobierno no sólo en lo interno sino internacionalmente.

El Gobierno, por su propia responsabilidad, debería informar con amplitud de detalles sobre problema tan crucial; no hacerlo implicaría que hay excesivo celo y propósito de ocultar lo que debería ser conocido por todos; de otro modo, se sienta precedentes funestos para el futuro, ya que todo quedará en la inmunidad y la impunidad.