La “nacionalización” de los hidrocarburos, ejecutada en Bolivia hace seis años, en el 2006, por el presidente Evo Morales, protege y promueve las ganancias e intereses de la transnacionales que operan en el país, asegura un análisis de Carlos Arze, economista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
En 2010, las compañías petroleras, que controlan el 82 por ciento de las riquezas hidrocarburíferas bolivianas, recibieron de manos del Estado 1.068 millones de dólares por la explotación de gas natural y petróleo, según Erbol.
Esto significa que, a pesar de la “nacionalización”, un poco más de un tercio de los ingresos generados en el millonario negocio fue a parar a manos de consorcios extranjeros, señala el análisis de Arze, que considera que la política de “nacionalización” de 2006 emerge hoy como una nítida “subvención” a favor de las petroleras.
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