¿Entre poliarquía y monarquía?

La lectura del trabajo “Democratizando la democracia – Una mirada a la Participación Popular en los albores de la Bolivia de las Autonomías”, elaborado por Diego Ayo Saucedo, destacado politólogo nacional, realizado bajo el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (ONUD Bolivia) y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) -2010-, me llevó a la interrogante que encabeza esta nota.

El trabajo apunta a “realizar una evaluación de la denominada Participación Popular a casi 15 años de su promulgación”. Para los efectos de este artículo, dos preguntas de partida que formula la investigación son: ¿Ha servido la implementación de esta norma para hacer de Bolivia un país menos racista y, por ende, más incluyente? Y ¿Es Bolivia un país no sólo más descentralizado en el diseño institucional y en la norma misma, sino en su visión de lo que es la realidad institucional en ciernes?

Las respuestas, basadas en una amplia investigación de campo con encuestas en 16 municipios urbanos y 54 rurales, constituyen una muestra muy representativa.

Para entender este trabajo uno tiene que tener en mente que el proceso de democratización nacional no surge en los últimos años, sino es el resultado de un proceso que inicia su gestación con la revolución de abril de 1952. En cuanto a la Participación Popular, fue un extraordinario acierto de la primera administración del Gobierno de Sánchez de Lozada, lo cual contribuiría a una poliarquía, que permita:

i) “Elecciones periódicas libres y justas, que produzcan mandatos limitados; ii) el derecho del sufragio y que sea un sufragio inclusivo; iii) el derecho a la libertad de expresión y, por ende, a contar no sólo con información accesible, sino con fuentes alternativas de información; iv) y existencia de instituciones que controlen y hagan depender las políticas gubernamentales del voto y de otras expresiones de preferencia (y, por ende, no de actores corporativos y extraelectorales”.

El elemento central de todo esto fueron los recursos de coparticipación tributaria que empezaron a recibir dineros de las recaudaciones nacionales, como afirma Ayo: “el dinero parecía ser la base de una reforma verdaderamente provocadora”.

El problema adquiere una dimensión y fallas, cuando los recursos del gas que crecen sustancialmente a partir del 2006, la democratización y rentismo, empiezan a complicar el escenario en el afán de repartirse los recursos de este nuevo “maná”.

La nueva situación genera tensiones que el autor plantea como: “en qué medida la actual distribución fiscal actual verdaderamente “sirve” y el hecho de que “las críticas al diseño fiscal vigente apuntan, fundamentalmente, a su lógica rentista, vale decir, la presencia de estratos subnacionales que dependen casi por completo de lo que reciben “desde arriba”.

El problema de la democracia iniciada por la PP se subsume por el reparto de los billetes, en algo que resulta en manejo con bastante discrecionalidad por los que manejan el aparato central del Estado. Continuará…