[EFE ]

Por la expropiación de TDE

España advierte a Bolivia que medidas populistas pueden ser impopulares

El país ibérico espera que las negociaciones concluyan amigablemente con el pago de un precio justo por la determinación unilateral del gobierno boliviano.


EL PRIMERO DE MAYO EL PRESIDENTE EVO MORALES ANUNCIÓ LA EXPROPIACIÓN DE TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD. EL GOBIERNO ESPAÑOL SE ENTERÓ SOLO TRES HORAS ANTES.

Madrid, (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido a Bolivia que la decisión de nacionalizar Transportadora de Electricidad (TDE), la filial de Red Eléctrica en el país, puede ser “una medida populista que acabe siendo impopular”.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría invitó a Bolivia y a otros países que han tomado decisiones similares (en referencia a Argentina) a reflexionar sobre cómo pueden afectar estas medidas al bienestar de sus ciudadanos y a la gestión de los servicios públicos esenciales.

“Al final acaban perjudicando a sus propios ciudadanos” y eso “tendrán que explicarlo cuando pasen por sus correspondientes procesos electorales”, porque “en un mundo globalizado la seguridad jurídica cotiza y mucho”, ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno.

El Gobierno (español) ha reprobado la nacionalización de la filial de Red Eléctrica y ha advertido al país que preside Evo Morales de que “estas actuaciones, a la larga, perjudican la seguridad jurídica y confianza”.

“Pensamos que este tipo de decisiones se vuelven en contra de los gobiernos que las adoptan”, ha dicho Sáenz de Santamaría en referencia a Bolivia, que “desde 2007 lleva a cabo operaciones de expropiación o nacionalización que afectan a empresas de distintos estados”.

Bolivia ha nacionalizado esta empresa en el marco de “lo que ellos llaman su soberanía energética”, aunque su voluntad es llegar a un acuerdo con la compañía para “una contraprestación adecuada y justa”, ha dicho Sáenz de Santamaría.

Por su parte, REE se ha mostrado dispuesta a trabajar con las autoridades de Bolivia para que así sea, algo para lo que contará con el apoyo del Gobierno español, que estará “muy vigilante para que paguen” el precio “adecuado”, ha añadido.

 
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