La nacionalización, un recurso político

Las nacionalizaciones son un espejismo que impresiona a los sectores por un mal entendido nacionalismo, dejándose llevar por el estereotipo de que las empresas extranjeras explotan y saquean los recursos naturales o las riquezas nacionales. La palabra nacionalización tiene, pues, una especial sonoridad atractiva para el pueblo. Una de las críticas generalizadas que se le hace al Gobierno es que no ha “nacionalizado” los hidrocarburos administrados por las transnacionales, sino que sólo ha modificado o readecuado los contratos. Debemos dar gracias a Dios porque no se los hubiera nacionalizado, es decir que el Gobierno hubiera asumido la explotación y administración misma de tales empresas, porque de ser así se requeriría ciencia y experiencia y, sobre todo, capital.

La industria de los hidrocarburos debe retroalimentarse y expandirse para ser rentable. Tendríamos que aprender de la nacionalización de las minas de 1953, cuyos efectos fueron un fiasco, endeudaron al país y crearon una clientela política de “supernumerarios” y, en el fondo, sirvió para enriquecer a los burócratas de la COMIBOL. Inclusive los políticos opositores critican que no fuera una “nacionalización”. La indicada medida de 1953 otorgó una bandera política al MNR y a partir de ello los partidos políticos que se creen de izquierda sueñan con estatizar todo; el MAS no podía ser menos. En suma, se trata de una decisión de impacto político barato, lejos de ser una medida económica que, a la postre, echa a espaldas del pueblo una carga pesada.

Siguiendo una honda similar el Gobierno viene ensayando una serie de nacionalizaciones desde el 2006 y la más reciente es la del 1 de mayo pasado en supuesto homenaje al sector obrero, y lo hace porque ahora más que nunca su popularidad se encuentra próxima a tocar fondo, en espiral sostenidamente descendente en diferentes encuestas. Queriendo mitigar su desgaste por efecto de la convulsión social, ha recurrido esta vez a nacionalizar la Transportadora de Energía concedida a la Red Eléctrica de España.

La nueva situación no augura un buen desempeño en el futuro porque como en otras nacionalizaciones interferirá la mano partidista como una fatalidad en esta materia, no sólo en Bolivia sino donde fuera que se la aplique. El primer mandatario sostuvo para el efecto la baja inversión de la Transportadora de Electricidad y que el Estado invertirá alrededor de 200 millones de dólares, pero la empresa expropiada tiene sus razones conforme a la propia legislación nacional, según sus ejecutivos.

El problema para el país es que va creciendo la deuda por indemnizaciones de parecido origen. Se reporta que todavía ninguna ha sido pagada, siendo peor en relación con el capital nacional, como es el caso de FANCESA, del opositor Samuel Doria Medina. No deja de sorprender que el mismo 1 de mayo por un lado se estatiza y, por el otro, se manifiesta respetar las inversiones de la española REPSOL.

Como de costumbre, el Gobierno sacrifica lo económico por lo político; incrementa las señales negativas a la seguridad jurídica y a las inversiones, condenando a la mano de obra a una mayor desocupación.