Salud: las ocho horas innecesarias

Es evidente que un paro de quienes tratan el tema de la salud, repercute precisamente en contra del derecho a la SALUD, de manera que estaríamos ante una conducta contraria al derecho a la vida, que constitucionalmente debe ser protegido por el Estado. Pero, lastimosamente, no está actuando de esa manera quien es el responsable de aquella área, y a quien los profesionales médicos han denunciado que jamás habría ejercido “su profesión”, por ser un alumno que concluyó sus estudios universitarios después de más de 28 años de estancia en las aulas universitarias (me refiero al Ministro de Salud), lo que es un demérito para el manejo de dicho Ministerio, algo que seguramente ignoraba el presidente Evo Morales, lo que significa que continúa la improvisación y con la mediocridad andando.

Ahora bien. El derecho a la salud está reconocido por el Art. 35.I) de la Constitución Política que, por lo demás, declara que debe ser gratuito el acceso de la población a los servicios de salud, en virtud de que para ello se tiene hospitales de primer, segundo y tercer nivel, solventados por el Estado.

A pesar de esta declaración constitucional, encontramos que los servicios de salud en todo el país no son gratuitos, ya que para una atención primaria previamente se debe cancelar un monto y, después, para una intervención quirúrgica, y paralelamente el paciente debe adquirir sus medicamentos, los que actualmente tienen precios exorbitantes que no están al alcance de la mayoría de nuestra población, particularmente de los jubilados.

No sólo este aspecto es observado por la población, sino que va más allá, porque encontramos una deficiente infraestructura, así como el instrumental obsoleto, a lo que se añade la falta de insumos de última generación, por lo que se tiene que recurrir al sector privado, al extremo de que un gran contingente de nuestra población de la tercera edad, que no cuenta con recursos económicos suficientes, prefiere la muerte.

Curiosamente, los profesionales de la medicina están enfrentados al Gobierno porque éste hubiera dictado la Ley 1.126, condenando a los médicos y paramédicos a un trabajo de ocho horas, cuando el trabajo de seis horas se encuentra institucionalizado desde hace más de 40 años, lo que significa que se trata de un derecho social adquirido que ninguna norma puede desconocer. Y es que todo derecho social es inviolable, inalienable, imprescriptible, indivisible y progresivo, estando el Estado obligado a protegerlo y promoverlo, como declara el Art. 13.1) de la Constitución Política del Estado Plurinacional, de la Nación Boliviana y de la República de Bolivia, al decir de los artículos 1, 3 y 11 de dicha Constitución.

Por la actual coyuntura por la que atraviesa el país observamos el propósito de aquella ley que es resistida por los profesionales de la medicina, y para ello tienen muchísimas razones, como aquella del derecho social adquirido (seis horas de trabajo), la falta de instrumentales de última generación, porque se continúa utilizando instrumentales de viejo cuño, obsoletos. Y, por si fuera poco, casi nada de infraestructura, con evidente detrimento de una buena atención sanitaria, aspectos que tienen mayor relevancia, que el Gobierno nacional tiene la obligación de resolver, antes de pretender insistir en el trabajo curioso de las ocho horas y que conllevó al estado de crisis en el que se encuentra Bolivia.

Ante tal crisis se precisa una correcta intervención quirúrgica y no actitudes simplistas, como sale de la Ley 1.126, si tenemos en cuenta que, particularmente, los cirujanos realizan labores inclusive fuera de las seis horas institucionalizadas, por las características de su trabajo, sin que se les reconozca horas extras ni mucho menos.

Por todos estos antecedentes, consideramos que el presidente Evo Morales no debe continuar con indiferencia ante el problema de la salud, cuyos resultados están llevando al país a una suerte de holocausto. Contrariamente, se tendrá previamente que institucionalizar la Caja Nacional de Salud, pero no sólo con una reestructuración de los recursos humanos que deben ser eficientes, sino también con el equipamiento emergente del avance tecnológico que se observa en otros países, así como el reequipamiento de los hospitales de tercer nivel que existen en el país, debiendo construirse mayores nosocomios de tercer nivel con los mejores equipos quirúrgicos.

Parecería que la seguridad social no está siendo bien entendida, aspecto que debe ser tomado muy en cuenta por la gobernancia del país. Es que el ejercicio del poder corrompe, y su sometimiento degrada.

El autor es periodista y abogado.