Empiezan las divergencias antes de reunirse porque el Gobierno quiere la participación de los grupos sociales que lo apoyan y los médicos buscan que sea un encuentro entre los profesionales y el Ejecutivo.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, echó un poco de gasolina al problema, al anticipar que no se puede abrogar el Decreto Supremo 1126 porque el Presidente ha recibido un mandato popular, en la reunión de las organizaciones sociales en enero y no se puede eliminar por decisión personal.
Según juristas, el término suspensión no existe en el ámbito legal por lo que la determinación gubernamental, traería serías consecuencias al país. Por otro lado, analistas aseguran que la medida dilatará la controversia y dudan que la realización de la Cumbre de la Salud dé una solución definitiva al problema.