Dictadura sindical del transporte

Nunca en Bolivia se ha presenciado una situación de anarquía tan caótica, causante de que en un proceso como el presente sea la población quien lleve la peor parte. El flujo y reflujo de la presión social se localiza en La Paz -la ciudad mártir- para hacer que cada día sea más difícil vivir y desarrollar actividades con relativa normalidad. El país semeja un barco a la deriva, donde se ha perdido el horizonte de la convivencia y la construcción de un destino común ¡Sálvese quien pueda!, parece el único grito de desesperación que asoma a la garganta de bolivianas y bolivianos.

El desafío a la ley y a la autoridad municipal, siendo ésta la más inmediata referencia de un pueblo organizado, es visto casi con satisfacción por el Gobierno Nacional. Por diferencias estrictamente políticas, los actuales gobernantes del país olvidan que el Estado es uno solo y por tanto comprende tanto la Administración Central a su cargo, cuanto todas las autonomías reconocidas por la Constitución, entre las cuales se encuentran los gobiernos locales o municipales. El más fuerte es el nivel central, siendo su deber acudir en resguardo y protección del resto de poderes y no dejarlos en manos de presiones injustas y desmesuradas como ocurre con el sector del transporte urbano.

Contrariamente a lo anterior, el Gobierno sólo imprime autoridad cuando le conviene, como ocurre con los médicos y trabajadores de Salud, a quienes reprime con dureza en sus demandas, mientras se cruza de brazos frente al bloqueo de los transportistas en La Paz y El Alto. En la primera de estas ciudades, llevado de que las presiones desatadas amenazan desestabilizar al alcalde Luís Revilla, opositor al Gobierno. Ya hemos dicho que la víctima es el pueblo, pero estamos en tiempos de que sobre todo está la maniobra política.

Siguiendo dicha táctica, la Policía -dependiente del Ministro de Gobierno- permite impávida 70 calles y avenidas bloqueadas en La Paz y El Alto por 48 horas. No le inmuta que vehículos del servicio público sin placas de circulación bloqueen dichas arterias en flagrante infracción del Código de Tránsito. Como es sabido el gremio del transporte no acata la Ley Municipal en esta materia y presiona para abrogarla. Esta norma, como es natural, busca regular y poner orden a un anárquico y pésimo servicio. ¿Una actitud de esta naturaleza no socava acaso las bases mismas de sustentación de cualquier Estado?

Empero la meta del tiránico gremio del transporte es imponer el reajuste del 60% en el costo de los pasajes y mantener el cobro por tramos, acostumbrado a medrar de una de las necesidades básicas del público usuario. Por estos medios trata de domesticar una vez más a la sufrida población. Es seguro que en la historia de estos movimientos no se ha dado ningún otro caso semejante, porque si así ocurriera el Gobierno de cualquier parte del mundo lo estimaría como una rebelión y haría recaer todo el peso de la ley sobre los responsables. La misma suerte correrían los dirigentes que, como se ha visto, con inaudito desparpajo utilizan algunos medios de comunicación para amenazar al pueblo con “medidas más radicales”, si éste no se somete a sus caprichos.

Que sepamos sólo el derecho de huelga está reconocido en la Constitución, no así el bloqueo, pero bloquear en Bolivia las ciudades y las carreteras es la cosa más natural, hasta adquirir “carta de ciudadanía”. No hay, pues, gobierno y por tanto es una de las lacras sociales que mucho tiene que ver con nuestro atraso y postración como país. La soberanía debe empezar por casa. Si el Gobierno Municipal de La Paz claudica en su primera ley, es mejor que se ahorre el trabajo de proyectar otra legislación con sello municipal. La indiferencia no sólo es de las autoridades, a su vez el control social vecinal brilla por su ausencia. Además, está visto que el poder central no moverá un dedo para respaldar a los ediles.