¿Entre poliarquía y monarquía?

II.- Continuamos con el análisis del trabajo de Diego Ayo, “Democratizando la Democracia”. El siguiente paso en el avance de la democracia lo constituye el proceso de descentralización planteado en la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional. Esto supone la asignación de los recursos fiscales, los cuales deberían servir a los objetivos de reducción de la pobreza y desigualdad, pero con una aplicación que busque el uso “eficiente” de los mismos.

Como plantea Ayo: “la tesis de partida es que cualquier proceso de descentralización requiere de un centro fuerte que no es lo mismo que un centro arbitrario”. Prosigue: “desde el ascenso a la presidencia de Evo Morales, cuyo gobierno tiene una orientación ampliamente favorable a una mayor intervención estatal y, consecuentemente, mayor protagonismo del gobierno central”. Esto viene a ser contradictorio con el hecho de que la nueva CPE “impulsa la creación de múltiples autonomías”.

Como el tema central del trabajo son los municipios, resultado de la Ley de PP, el interés del autor se centra en este nivel de administración y ¿cómo se logra una mayor acción municipal en beneficio de la población?, esto obviamente pasa por la disponibilidad de recursos financieros. Tomando la “arqueología de la matriz fiscal boliviana” de Franz Barrios Suvelza, éste divide en dos grandes períodos, hasta la primera década de la descentralización municipal el 2004. El período de las transferencias isotónicas de 1994 a 2001 y el período de la transferencia “pro pobre” de 2001 a 2004. La idea fue dotar a los municipios de una base fiscal mínima, pero con poca preocupación por “seguimiento a la correlación entre la calidad de las coberturas y las magnitudes de recursos transferidos”.

Al período isotónico y pro pobre se agrega el “período del gas”. La Ley de Hidrocarburos 3.058 de mayo de 2005 fue considerada como atentatoria al municipalismo, lo cual fue corregido posteriormente por el DS 28.421 de octubre del 2005 que fijó la distribución del IDH estableciendo la coparticipación automática con los municipios. “De ese modo, se acentuó el formato de distribución de la Ley de PP aunque en forma gigantesca”. Prosigue Ayo: “Sin embargo, el panorama quedaría incompleto si no se menciona un rasgo adicional: la imperiosa necesidad del gobierno de Evo Morales de hacer uso de esos recursos. No sólo aquellos municipales, sino sobre todo aquellos prefecturales. La idea era recuperar “algo” para el Gobierno central, lo que llevó precisamente a aprobar el denominado Decreto de Nacionalización, cuyos recursos recuperados,… fueron destinados al nivel central o, más propiamente a YPFB, sin que medie coparticipación”.

Un avance reciente de importancia en las políticas municipales es la política de apoyo al desarrollo económico local, establecido mediante el DS 28.421, del 2005, corroborado por el DS 29.565 del 2008, que establece pautas para tareas de: i) asistencia técnica y capacitación, ii) acceso al sistema financiero, a través del apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, iii) provisión de servicios a través de infraestructura variada.

En suma, la Ley de PP sigue siendo el motor de iniciativas para un desarrollo desde la base misma de la organización social. Los próximos aspectos y la pulseta entre Gobierno central y municipios serán tratados en el próximo artículo.