El servicio de transporte público

El desacato a la Ley de Transporte y la oposición a una regulación en el servicio que prestan los federados operadores del transporte son argumentos que no se adecuan a la evolución que se vive permanentemente en todo el mundo, donde se va optimizando este importante servicio. Es necesaria la presencia de unidades móviles adecuadas que cumplan en calidad con estándares técnicos que satisfagan las necesidades de todos los usuarios, con cobertura dentro del ámbito geográfico de la ciudad, y continuidad sin interrupciones, salvo imponderables.

Todo ello tendrá que contar con una reglamentación para una eficiente regulación con fiscalización y control constante. El servicio que prestan los sindicalizados del transporte público es caótico, anarquizado en todo sentido, no cumplen con las rutas que les han sido asignadas, cobran a su antojo, los vehículos en su gran mayoría son obsoletos, no son garantía para la seguridad de los pasajeros, a lo que se suma la malcriadez, abuso y falta de aseo tanto de los motorizados como de los choferes a los que uno tiene que someterse.

Los dirigentes del transporte sólo piensan en los ingresos que perciben y percibirán con sus imposiciones. Es un sector privilegiado y se ha constituido en un poder económico y hasta instrumento político de los gobiernos de turno para muchas veces lograr objetivos innobles, indignos aparentemente, como el bloqueo prepotente a la ciudad, en componenda, según denuncias públicas, con la Unidad de Tránsito dependiente de la Policía Nacional. Sería para dañar la imagen de la gestión municipal. Inmotivadamente, con soberbia, dicho sector está en una pulseta con el Gobierno municipal, ocasionando además perjuicio económico, laboral, social a toda la ciudadanía paceña.

El paro del servicio, incluso con actitudes delictivas, (al destrozar parabrisas de vehículos particulares y golpear a vecinos), de pasados días, impuesto por los propietarios de los vehículos (muchos de los cuales con dos, tres o más unidades tienen control monopólico), debe servir de experiencia para identificar los males del transporte público y garantizar el derecho del pueblo a contar con un servicio con cualidades y aptitudes eficientes.

Se tiene que diseñar y desarrollar una estrategia con políticas y normas que permitan resolver los problemas y aplicar la ley para garantizar el desarrollo de principios técnicos en la materia, separándolos de grandes intereses, económicamente onerosos y abusos que actualmente se soporta.

La Paz se ha convertido en una urbe que requiere no sólo descongestionar el flujo de pasajeros, sino un reordenamiento planificado de rutas. El ingreso del servicio de transporte municipal tiene que ser prioridad y no sólo en rutas donde no existe servicio sino en todo el territorio de la ciudad, con una interconexión y asumiendo los desafíos de los tiempos que vivimos. La Alcaldía, con pleno respaldo del pueblo paceño consciente, responsable y con amplio espíritu de colaboración para el mejoramiento y progreso de la ciudad de La Paz, debe imponer el principio de autoridad para hacer realidad los proyectos y planes que tiene en beneficio de la sociedad.