A los muchos problemas derivados de la crisis, en los últimos meses, la acción del contrabando abarcó la importación ilegal de alimentos; por su parte, el comercio legal también lo hace. Ambas situaciones provocan una competencia con la producción interna porque, en la mayoría de esos productos, los precios son inferiores y dan lugar a la preferencia del público.
El hecho es consecuencia de la supresión de la producción nacional para varios productos porque, lamentablemente, las políticas de extrema izquierda del Gobierno provocan condiciones especiales para lo ilegal, puesto que dentro de ese campo el contrabando se desenvuelve mucho mejor que en uno legal. Lo grave de esta situación radica también en que los mismos contribuyentes que ingresan productos alimenticios en forma ilegal al país, se encargan de comercializar lo que en países vecinos precisan, como es el caso de la gasolina y el gas que en nuestro país están con precios subvencionados.
La verdad es que un delito conlleva otros; es decir, los que aplican el principio de “entregar para recibir” por la misma vía, la ilegal, la que no paga impuestos ni tiene obligaciones como las que cumple el comercio legal. El contrabando de lo que recibimos para aprovisionar los mercados de abasto, ocasiona serios perjuicios al producto nacional y es parte del delito que implica la presencia de un comercio de exportación ilegal que abarca inclusive la “salida por vía aérea de carros cisterna con alas” con gran cantidad de gasolina y, además, con absoluto conocimiento de autoridades que deberían controlar fronteras.
La práctica de un delito -en este caso el contrabando- si bien determina grandes ganancias para sus autores, ocasiona severos perjuicios no sólo a la economía sino a la moral de las personas porque da lugar a la acción de corruptores que a empleados honestos del sector público los corrompe con el ofrecimiento de beneficios que son superiores al sueldo mensual. Todo esto da lugar a que se cumpla el dicho de Napoleón Bonaparte: “No hay hombre que no se venda, sólo hay que saber su precio” y quienes corrompen a honestos funcionarios son conocedores de esta especie de norma y la aplican porque seguramente en su momento alguien la utilizó en ellos.
Hay que convenir, además, en que el contrabando -con las grandes excepciones del caso- también contamina a todos al unir intereses de los ilegales con los legales porque la realización de transacciones entre sí, da lugar a que ambas partes obtengan utilidades pero a costa de los compradores que tienen necesidad de la mercadería puesta a su disposición.
Comerciantes de los puestos regulares o corrientes de abasto, se quejan por la falta de control al contrabando para frenar el ingreso de alimentos en el mercado nacional; pero sus reclamos y demandas quedan en nada porque ninguna autoridad toma en cuenta que debe combatir a la internación o salida de mercadería de uso y consumo por vías reñidas con las leyes y atentatorias contra la economía del pueblo. El Gobierno tendría que hacer muchos ajustes en este campo para frenar radicalmente al contrabando; no hacerlo implica ser parte del mismo, así sea involuntariamente, en grave detrimento de su propia responsabilidad.
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