La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, sostuvo que el derecho a la privacidad de una autoridad sólo es válido en su hogar. Una mujer que ocupa un cargo político se encuentra expuesta a todo, afirmó a tiempo de responder a las acusaciones de la diputada Marcela Revollo (MSM) en contra del ministro de Gobierno, Carlos Romero, por espionaje.
Dávila añadió que bajo la consigna de defender al Estado, tampoco es válido el argumento de la privacidad.
La diputada por el Movimiento Sin Miedo (MSM), Marcela Revollo, quien presentó una querella en contra del ministro de Gobierno, Carlos Romero por supuesto espionaje y vulneración a la privacidad, afirmó que la Ministra no conoce la Constitución Política del Estado (CPE), la cual establece el respeto a la privacidad.
La diputada informó que continuará con el proceso legal interpuesto contra el titular del Ministerio de Gobierno para que explique porque se vulneró su labor legislativa al ingresar una grabadora a su oficina.
En tanto, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, sostuvo que el derecho a la privacidad de una autoridad o figura política pública, es válido sólo en su hogar y después una figura pública debe “soportar” estar expuesta a todo.
“Ella alega una defensa de la privacidad. Creo que cuando una persona asume un cargo público la privacidad se queda solamente en la casa”, declaró.
Asimismo, calificó de “absurda” la denuncia de Revollo quien no descartó que el Gobierno haya instalado en la oficina de la legisladora un micrófono o hasta permitir que una persona presuntamente infiltrada para obtener la información. Además afirmó que ésta y otras grabaciones no sólo las obtuvo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sino otras autoridades.
Por otro lado, indicó que el Estado, con el objetivo de velar por su seguridad, debe tomar las acciones necesarias. “Estas grabaciones están circulando por todas partes”, citó.
Los derechos vulnerados fueron advertidos por el exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, quien además recordó que este tipo de acciones fueron realizadas por el Gobierno con el dirigente del Consejo Nacional de Markas y Allyus del Qullasuyu (Conamaq) Rafael Quispe.
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, aclaró el miércoles, que el audio presentado por Romero fue recibido en la institución y no hubo ninguna infiltración, pero era deber difundir su contenido por tratarse de un supuesto caso de conspiración.
LEGISLACIÓN
La CPE resguarda los derechos a la privacidad, así como la labor legislativa.
Art. 25: Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial.
II. Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte, éstos no podrán ser incautados salvo en los casos determinados por la ley para la investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente.
III. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice.
Art. 151: Las asambleístas y los asambleístas gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a éste, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones no podrán ser procesados penalmente.
II. El domicilio, la residencia o la habitación de las asambleístas y los asambleístas serán inviolables, y no podrán ser allanados en ninguna circunstancia. Esta previsión se aplicará a los vehículos de su uso particular u oficial y a las oficinas de uso legislativo.
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