Transportistas públicos maltratan a sus usuarios

Leí la Ley Municipal de Transporte y Tránsito Urbano. Es constitucional y entre sus objetivos está el ordenar el transporte público, así como crear el transporte masivo, lo que redundaría en beneficio de la economía popular. Clarísimo que no hay doble sanción, ni tampoco se retira a Tránsito sus atribuciones en relación con el transporte público.

Algo es evidente, los transportistas públicos aprovechan que diariamente sus usuarios deben recorrer kilómetros, desde sus viviendas al lugar donde pueden generar sus ingresos para vivir, saturando vías y desbordando la capacidad de los diferentes modos de transporte. En este sentido, la población paceña necesita mejor transporte, con conectividad interna adecuada y tablas de frecuencias respetadas, sin riesgos mecánicos por mal mantenimiento de los vehículos y que los pasajeros no estén empujándose para abordarlos en horas de gran demanda y luego sean parte de una “lata de sardinas”.

Mientras que los dueños del transporte público alegan varios argumentos propios de un sindicalismo, que sólo toma en cuenta sus intereses de grupo en desmedro de los mayoritarios de la ciudadanía. Dicen que perderán sus fuentes de trabajo, porque el transporte masivo los sacará del mercado. Debido a que les es más conveniente circular en algunas vías, no se dan cuenta que servir a los ramales de dicho transporte, les será de más rendimiento. Están como las secretarias cuando apareció la computadora, la boicoteaban porque pensaban que liquidaría su trabajo, hasta que comenzaron a ver sus ventajas.

Por lo que se hace necesario el transporte masivo, al que incluso tendrían acceso los que utilizan vehículos particulares que estacionarían cerca de sus puntos, en un esquema de transporte integrado o semi integrado, para disminuir en el centro de la ciudad el flujo vehicular lento y las tensiones que suscitan estrechas vías, muchas veces también inclinadas, sin posibilidad alguna de ensanchamiento debido a elevadas compensaciones. Pero todo vale para impedir la aplicación de la Ley en disputa y que los del transporte público apoyados por políticos no pierdan sus ventajas, aunque sean rechazados por sus usuarios.

Que los dueños del transporte público vivan de su trabajo, pero no a costa de sacrificar a la población de esta ciudad, obligándola a levantarse más temprano, a circular en vehículos mal adecuados e incómodos, a intoxicarse con su maldita contaminación y a perder horas en la espera de movilizarse diariamente, lo que disminuye su posibilidad de producir o descansar adecuadamente, para reanudar al día siguiente el dilema de nuevamente transportarse. Problema que se lo quiere superar, pero los transportistas públicos se niegan a colaborar en perjuicio de todos.

Conviene que se los frene en cuanto a la imposición de sus arbitrarios comportamientos, los que convierten la rutina diaria de transporte de sus usuarios en verdadera odisea y martirio.