Postura de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado remitió una carta al Alcalde, Luis Revilla haciendo conocer que la construcción de la Morgue Judicial no es responsabilidad del Ministerio Público, “lo que no significa que esta situación agravada no preocupe a la institución, no solo por la exposición de cadáveres de personas NN que toca la sensibilidad humana de la sociedad en su conjunto, sino también por las condiciones en las cuales desarrollan su trabajo los Médicos Forenses del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).”

Pero se ratifica en su posición, diciendo: “Queda refrendado normativamente que es competencia del Gobierno Municipal la provisión de infraestructura sanitaria dónde almacenar y proceder al estudio en cadáveres humanos no identificados (morgue).”

Entre la base legal se citan varias leyes: a la Constitución Política del Estado; el Art. 30 del Código de Salud de la República de Bolivia. D.L. 15629 de 18 de julio de 1978; El Art. 81-III, incisos ñ) y p) de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización; la Ley N° 1551 de Participación Popular, Art. 13, parágrafo I; la Ley de Municipalidades N° 2028, Art. 8 Parágrafo II.

“Por lo que la respuesta del Ministerio Público fue dada en estricta observación de la norma que señala con claridad que la competencia de preservar la salud de los habitantes es una obligación y responsabilidad de los municipios” afirma la misiva.

“Corresponde a las entidades encargadas de la preservación de la salud en sus instancias arriba señaladas la urgente construcción, equipamiento, administración y mantenimiento de una infraestructura de salud donde se pueda desarrollar labores de Tanatología Forense, permitiendo al IDIF como entidad de investigación técnico-científica desarrollar sus labores coadyuvando a la persecución penal y a la correcta administración de justicia, contando para ello con una morgue adecuada para la realización de sus funciones”, concluye la comunicación.

No obstante, el Ministerio Público se comprometió a colaborar en el marco constitucional y legal de sus funciones y competencias.