Punto aparte
Resulta decididamente insólito que un gobierno provoque conflictos sociales, cuando su misión es resolverlos, en los casos en que éstos se presentan. Un accionar de esa naturaleza induce a profundizar el análisis, de donde puede extraerse que el oficialismo tiene veladas intenciones políticas.
Primero, sometió a los abogados, obligándoles a que se inscriban en un registro gubernamental. En caso de no hacerlo, quedarán marginados del ejercicio profesional. La fecha tope vencerá en abril de 2013.
Los médicos pueden correr suerte parecida. Por de pronto, se los está despidiendo de los servicios públicos de salud, en represalia por la huelga que cumplen desde hace seis semanas.
El hostigamiento a los médicos no empezó con la ampliación de su horario de trabajo de 6 a 8 horas, sino con la exclusión de sus organizaciones gremiales, en las postulaciones a la residencia médica, desde inicios de año. Uno de los requisitos para aspirar a desempeñar esta función era que se tuviera estudios de post grado, en sus especializaciones respectivas.
En la convocatoria que lanzó el Ministerio de Salud para el ejercicio de la residencia médica, violó la Ley 3.131 y desconoció los estatutos y reglamentos del Colegio Médico de Bolivia, además de los reglamentos del Comité Nacional de Integración Docente Asistencial en Investigación y del Sistema Nacional de Residencia Médica.
Estas normas determinan los requisitos básicos para postular a la residencia médica. Una de las principales era que los postulantes presenten la fotocopia legalizada de la matriculación en el Colegio Médico de Bolivia. La convocatoria anuló este requisito.
De lo anterior puede inferirse que existe el propósito de abrir paso a profesionales de menor rango para ejercer la residencia médica. Esta es una paradoja. Mientras en el mundo entero se busca la excelencia en el ejercicio profesional, en Bolivia implícitamente se la demerita.
En el caso de los abogados ocurrió algo similar. Sus colegios nacionales y departamentales virtualmente han desaparecido. Una de las consecuencias de ello es que los abogados que incurrieran en malas prácticas profesionales, no pueden ser sometidos a los tribunales de aquellas institucionales gremiales, porque éstos simplemente no existen más.
De vuelta a la situación de los médicos, ¿a qué puede obedecer la conducta oficial contra ellos? ¿Tendrá algo que ver el envío masivo que se hizo de 400 becarios a Cuba para estudiar medicina?
Si esta fuera la perspectiva, podría entenderse que cuando retornen esos becarios como profesionales novicios, al parecer tendrían fácil acceso a todos los cargos públicos del sistema nacional de salud. En lo político, serían adictos al régimen actual, pues en Cuba, en los centros de estudio, se impone el adoctrinamiento socialista.
Al agredirse a los profesionales, cuya gran mayoría pertenece a la clase media, ¿se están cumpliendo los reiterados llamamientos que hace el vicepresidente García Linera de acabar con las q´aras para que no vuelvan a gobernar?
Uno de esos llamamientos lanzó a finales del año pasado, en la población de Colomi. Ataviado con poncho y llucho, dijo que “hay que acabar con los q´aras para que no vuelvan más a gobernar”.
La palabra aymara “q´ara” se aplica para identificar a la clase media, en particular. Al ser empleada por el vicepresidente, queda en evidencia de que incurre en discriminación y racismo, extremos penados por la Ley 045, de 2010, dirigida precisamente a combatir tales conductas.
Pero García Linera hizo una declaración que complementa aquello de acabar con los q´aras. La revista “Cosas” en su número 164, de 16 de enero de 2012, publicó una extensa entrevista a él. En ella sobresale esta frase: “Bolivia tiene que seguir siendo gobernada por indígenas, por mucho tiempo más”.
La interpretación que puede hacerse es que se ha previsto excluir a todas las restantes clases. Aparte, es una falacia decir que el Gobierno actual es indígena. Pero sí agrede a la clase media. Los profesionales académicos -médicos, entre ellos- constituyen la cúspide académica de ella.
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