En una súbita decisión, el gobierno de Evo Morales informó haber “nacionalizado” la Transportadora de Electricidad S. A. (TDE), agente transmisor en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que se encontraba en Bolivia desde 1997 y poseía el 73 por ciento de las líneas de transmisión del Sistema Troncal Interconectado del país, con 1.961 kilómetros de líneas, de ellas 732 Km. en 230 mil voltios, 840 Km. en 115 voltios y 390 Km. en 60.000 voltios y 22 subestaciones.
La causa aludida por el Gobierno para tomar esa extrema medida sería que la firma española “no invirtió los recursos suficientes para ampliar la cobertura de electricidad” y que en el futuro la empresa ampliaría la red eléctrica y ENDE hará importantes inversiones en ese sentido.
La medida no causó casi impacto en la población boliviana, pero sí disgustó al Gobierno de España y en forma paralela hicieron observaciones la Unión Europea y Estados Unidos. Un mayor efecto negativo de esa “nacionalización” fue evitado cuando el Gobierno declaró que la medida sería sólo una “expropiación” y que, por consiguiente, los accionistas serían indemnizados, ya que no se trataba de una confiscación.
Pero, en realidad, ¿de qué se trata la indicada medida del Gobierno? ¿Es una nacionalización o simplemente una estatización? Veamos, en efecto: una nacionalización está íntimamente relacionada con la propiedad del bien afectado. Vale decir que el bien afectado pasa de propiedad de una empresa extranjera a propiedad de la Nación. Entre tanto, una estatización significa el paso de la propiedad extranjera a propiedad del Estado, es decir se trata de dos medidas diferentes, ya que Nación y Estado son categorías diferentes.
En cuanto al caso de la TDE, la empresa solamente ha sido estatizada (no nacionalizada) porque pasó a propiedad del Estado y no de la Nación, ello en primer lugar porque (según la nueva Constitución) Bolivia dejó de ser nación y simplemente quedó como un Estado. Por consiguiente, en esta oportunidad no se puede hablar de nacionalización (porque ya no existe la Nación), sino sólo de estatización (como ocurre también con otras empresas). Se trata, además, de una estatización porque el Estado mediante indemnización adquiere los bienes en cuestión.
Una nacionalización determina que la propiedad nacionalizada es de toda la Nación, que es el pueblo, para que sea administrada por el Estado (que es su cuidador, policía) y para beneficio general; mientras la estatización lo que hace es pasar un bien ajeno a propiedad del Estado y éste, como propietario, la administre para su beneficio y más aún cuando a lo más aplica un capitalismo de Estado.
Sometiéndonos a estrictos términos semánticos, la decisión sobre la empresa TDE -en el mejor de los casos- es una estatización y, de ninguna manera, una nacionalización, pues, además, esta nueva empresa estatal será manejada por el procedimiento del “capitalismo de Estado”, ya que no se observa en su funcionamiento el menor indicio de socialismo o cosa parecida. Ese capitalismo de Estado caracteriza la política y, en particular, la orientación económica actual del país, capitalismo que, por lo demás, tiene todos rasgos de serlo por el alto grado de explotación a que somete a sus trabajadores y sus beneficios no llegan al pueblo.
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