Familiares de excadetes piden cautelar al general Santiesteban

Los familiares de 54 excadetes de la Academia Nacional de Policías (Anapol), pidieron ayer medidas cautelares para el comandante de la Policía nacional, general Jorge Santiesteban, sostuvo ayer la abogada, Lourdes Solares.

La abogada de los familiares de los excadetes recordó que oficiales de menor graduación y jerarquía de mando están bajo arresto domiciliario.

FISCAL ORTIZ

“Estábamos en la primera fase de la declaración del general Santiesteban cuando se nos comunicó que José Piérola presentó de manera maliciosa la recusación en contra del juez Tercero Cautelar”, denunció el fiscal Aldo Ortiz.

Lamentó que una vez más la investigación se dilate por acción de los principales implicados en ese caso, precisamente cuando se debían recibir la declaración del Comandante General de Policía.

“Lo que estamos tratando de proteger el caso y evitar que cualquiera de las partes alegue indefensión y vulneración de derechos como medio de defensa”, fundamento Ortiz.

Mientras que Marco Antonio Rodríguez, uno de los miembros de la comisión de fiscales que investiga el caso del supuesto ingreso irregular de 54 estudiantes a la Universidad Policial (Unipol), dijo que pedirá que el investigador, mayor Juan Carlos Basualdo, sea restituido en el cargo, pues a su juicio su alejamiento fue irregular.

Según el miembro de la comisión, el mayor Basualdo, fue citado a declarar ante la Dirección de Investigación Policial a pedido del comandante general de la institución del orden, Jorge Santiesteban, mediante un memorándum en el que pide abrir un proceso contra el oficial.

En ese marco, el mayor dijo que solicitará al fiscal general del Estado, Mario Uribe aclarar en torno a la investigación que inició el general Santiesteban contra el mayor Basualdo en el caso Anapol y Unipol.

De acuerdo con Rodríguez, el procedimiento efectuado por el general Santiesteban no es correcto, debido a que el artículo 297, señala que una autoridad administrativa no puede alejar a los investigadores asignados.

El fiscal manifestó su deseo de que se restituya al investigador, porque la aplicación de la ley está por encima de las decisiones de las instituciones, acotando que dicha determinación no compete en el orden normativo de una ley.

Sostuvo también que otra de las instancias a la que se debe recurrir es a la Comisión Nacional de Fiscalía Especializada Contra la Persecución de Delitos contra la Corrupción con el objeto de que sean las autoridades jerárquicas del Ministerio Público, quienes también sean los que tomen alguna determinación y conocer acerca de las irregularidades al respecto.