Montevideo, (EFE).- A pesar de guiar uno de los países más tranquilos de América Latina, la creciente percepción de inseguridad en las calles de Uruguay se está convirtiendo en la piedra en el zapato del Gobierno de José Mujica, por sus aparentes titubeos al encararla, el asedio de la oposición y la indignación popular.
Tras diez años de su última gran crisis económica, no existen dudas sobre la notable mejoría de la vida en Uruguay, propiciada por un crecimiento continuado, una tasa mínima de desempleo, un fuerte consumo y las políticas sociales del oficialismo de izquierdas.
Sin embargo, como sucede en otros puntos de la región, la luz de estos logros está perdiendo brillo por la delincuencia, que se ha convertido en la principal inquietud en las encuestas y motivo de simbólicas manifestaciones ciudadanas como la vivida el lunes frente a la Torre Ejecutiva, la sede presidencial.
Según datos oficiales, los delitos contra la propiedad en 2011 sumaron 138.589, frente a los 136.063 de 2010 y los 132.830 de 2009.