Juristas afirman que acusaciones de Gobierno no tienen fundamento

Las autoridades gubernamentales y asambleístas del oficialismo insisten en acusar al Movimiento Sin Miedo (MSM) y a Unidad Nacional (UN), por sedición e instigación a delinquir como medidas para un supuesto derrocamiento al actual mandatario Evo Morales y su Gobierno. Entendidos en materia penal afirman que no existen argumentos para plantear estas figuras penales.

El activista de Derechos Humanos, desde su condición de abogado, Waldo Albarracín, explicó que el Gobierno intenta forzar estas figuras porque las expresiones de los políticos Samuel Doria Medina (UN) y Marcela Revollo (MSM), están “lejos” de considerarse sedición o instigación al delito.

Albarracín indicó que la instigación a delinquir, presunto delito por el que es acusada la diputada Revollo, advierte que una persona trata de convencer públicamente a un grupo de personas a que cometan un delito, sea de robo, asesinato o violación.

“En el caso de la señora Revollo no existe fundamento para acusarla porque, según lo que se manifestó (Revollo), el partido al cual representa, sólo trata de realizar una ayuda humanitaria a los marchistas indígenas”, sostuvo.

Asimismo, hizo referencia al delito de sedición por el cual es acusado el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, y señaló que éste denota a una persona que realiza acciones “físicas”, es decir impedir que una autoridad legítima continúe con sus funciones.

“Este tampoco es el caso del señor Doria Medina, quien tengo entendido ya explicó en varias ocasiones, que no fue él quien dijo que se debería colgar al presidente Morales, sino que transmitió una opinión, entonces no puede ser sedición”, aseguró.

Para ambos casos, ministros, diputados y senadores del gobierno del MAS iniciaron una intensa campaña mediática a través de los medios estatales controlador por el Ministerio de Comunicación.

El Ministerio de Gobierno presentó grabaciones donde Revollo habla de apoyar la IX marcha indígena con recursos provenientes de la venta de tarjetas y cita una cuenta bancaria. Los jefes de bancada de Diputados, Roberto Rojas y de Senadores, Eugenio Rojas, coincidieron en decir que se trata de una conspiración y el ministro Carlos Romero presentó una querella contra la Legisladora.

Sobre Doria Medina, la senadora Gabriela Montaño, la minstra anticorrupción Nardy Suxo y el viceministro de Coordinación, César Navarro, reprocharon al empresario manifestando que son “sus deseos personales” y por tanto, se trata de un acto de sedición.