Actitudes públicas peligrosas

Gobernar es actuar en beneficio del pueblo que ha elegido a alguien porque ha creído que ese candidato es el mejor administrador de la tranquilidad, el bienestar y la prosperidad de la mayoría del país; por eso le ha cedido parte de su soberanía y le ha entregado el mayor bien que tiene: su vida presente y el futuro de sus hijos. De ahí que las autoridades deben meditar mucho antes de tomar una decisión de gobierno, porque afecta al conjunto de la población.

Es deber de la autoridad realizar sus actos con la mayor transparencia posible, es decir hacer y decir algo sujetándose a la verdad y la justicia, al equilibrio; claro que éste es difícil de conseguir, porque la tendencia humana es mirar las cosas poniendo énfasis en los ángulos positivos de un hecho, sobre todo cuando éste tiene que ver con mi responsabilidad, con el efecto que produce en mi imagen, y la tendencia es justificarla o minimizarla para eludir responsabilidad.

Equilibrado es alguien con autocrítica y capacidad de enmienda. Esto lo digo porque en los últimos acontecimientos que ha vivido el país, los ciudadanos hemos visto con dolor que se han cometido abusos por parte de las autoridades; y esto ha sucedido, probablemente, por la prisa con que se han visto impulsados a actuar debido a los conflictos que confrontan, y que ellos han creado por falta de previsión o por mal cálculo político.

La pugna que hay entre Gobierno y sector salud ha comenzado debido a un decreto que impone ocho horas de trabajo para médicos y trabajadores de esos servicios. Hasta aquí, la autoridad está cumpliendo con su obligación de velar por la salud pública, pero cuando ya no cumple esa misión es al obligar al trabajo no remunerado a la gente de ese sector, porque las dos horas que van de las seis, pagadas en este momento, no tienen compensación económica al alcanzar las ocho previstas por el decreto. Esto es querer someterlos a un esclavismo parcial, y, claro, el conflicto está ahí, sin solución, en un Gobierno que dice marchar al socialismo y que muestra no tener sentido de equidad ni humanismo.

El conflicto es un hecho público: bloqueos, gritos y pedradas contra la indiferencia del Presidente y Ministro de Salud, policías enardecidos, gases lacrimógenos y palo. Eso lo vemos a diario. El Gobierno sabe que con eso pierde imagen y acude a la propaganda, a usar palabras bonitas para desmentir a hechos objetivos, y lo hace con el deseo de echar la culpa al otro. Sorprende la presencia activa del Viceministro de Gobierno comandando en las calles a la policía para terminar con la protesta del sector salud.

¿Esa autoridad política tiene mando efectivo, técnico, en la policía, órgano especializado para controlar desmanes? ¿Estamos ante un comisario político del partido en la Policía, el Ejército, etc., como sucedía durante el stalinismo para controlarlos políticamente? Parece que sí, puesto que esa autoridad sale, además, como vocero de la Policía para “demostrar”, papeles en mano, que la enfermera Boyán no ha sido torturada en las dependencias de la FELCC, y con un gesto de grandeza esa autoridad no muestra la tremenda herida que se le ha producido en la cabeza.

No sé si esa autoridad recuerda que Engels, en el “Anti Dühring”, afirma que la prueba de la existencia material del pastel es que lo comemos. Eso precisamente sucede con la enfermera Boyán, que tiene descompensación renal y otras lesiones en su cuerpo. ¿Por qué está afectada la salud de esa persona, si en los documentos que ha esgrimido el Viceministro la FELCC demuestra que no ha sido vejada ni tocada por funcionario alguno de esa fuerza? ¿Esos funcionarios tienen la mirada muy fuerte, capaz de causar daño físico? ¿O estamos queriendo deshacer con palabras los hechos objetivos? Se debe investigar esto para saber quién miente, y el mentiroso sea juzgado y sancionado.

Otro caso es la desatinada declaración de la Ministra de Comunicación que, muy suelta de cuerpo, ha afirmado que si alguna persona ha llegado a tener notoriedad pública, autoridad de cualquier nivel, etc., ha perdido privacidad y está sujeta a críticas y acciones de cualquier tipo. Esta es una verdad a medias, pues la Ministra en cuestión tiene que oír críticas de sus hechos públicos, de las acciones realizadas en público como persona pública, para el público, como es, por ejemplo, la declaración de marras; pero tiene derecho a la privacidad, a la inviolabilidad de sus actos familiares, etc...

Por lo tanto su teléfono, público o privado, no puede ser “pinchado” para conocer morbosamente cuanto realiza a lo largo del día como una persona más de la sociedad; es decir, no puede, como lo ha hecho, justificar el espionaje; porque, de lo contrario, con los adelantos tecnológicos de los que disponemos hoy, y la mentalidad de la Ministra, cualquiera puede “pinchar” el teléfono del Presidente, sin caer en delito, y claro, eso sería la locura. La historia nos muestra que esos hechos han sido severamente sancionados por la opinión pública, tal como en el caso Watergate, que le costó la Presidencia de los EEUU a Richard Nixon. No abramos puertas peligrosas ni desde el Gobierno ni desde ninguna parte.