¿Entre poliarquía y monarquía?

III.- Para concluir con el análisis del trabajo de Diego Ayo, “Democratizando la Democracia”, en esta oportunidad, muy brevemente por cierto, me referiré al tema que es objeto de gran disputa: a quién se transfiere los recursos financieros generados por el IDH.

La consulta realizada por los investigadores a alcaldes y concejales de los municipios, sobre si los recursos del IDH deben ser transferidos al Gobierno central, arrojó resultados significativos: “En Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija -departamentos autonómicos- los porcentajes sobre nada de acuerdo fluctúan entre 0% en Pando, y 15% en Tarija. La situación varía en los departamentos autonómicos que se inclinan más por esta opción, que sus pares autonómicos, aunque en ningún caso superando siquiera el 50%. La Paz (45%), Cochabamba (39%), Oruro (43%) y Potosí (18%) muestran porcentajes más altos en la opción de “acuerdo”. “Los demás departamentos se inclinan por una mayor intervención estatal”.

La preferencia asociada a estar de acuerdo, estaría vinculada a los niveles de pobreza y desigualdad que en la región no autónoma alcanza al 65%. Los departamentos más pobres son atraídos “por la mera posibilidad de interactuar con mayor fluidez con el gobierno de Evo Morales -el “gobierno central” personificado en él- más la posibilidad de favorecer un mayor intervencionismo del nivel central”. Esta situación se acentúa aún más en los municipios rurales, en los que ante la opción “de acuerdo con que los recursos sean transferidos al gobierno central”, uno de cada 10 alcaldes y concejales urbanos apoya esa moción frente a poco más de uno de cada tres rurales. Este resultado es coherente, “si se considera que la población rural es la que apoya en casi su totalidad al presidente”.

En esta batalla por recursos financieros, como apunta la investigación, se puede advertir los siguientes aspectos: i) “la política hidrocarburífera adoptada por el Gobierno Nacional , desde un principio, desistió de mantener la coparticipación histórica con los departamentos, municipios y universidades con el DS 28.701 del 2006, los nuevos recursos sólo beneficiaron al Gobierno central; ii) las leyes del Presupuesto Nacional 2007, 08 y 09 han sido promulgadas por “fuerza de ley”, esto es, el Congreso no hizo su trabajo. De esta manera se evitó cumplir el requisito establecido por el Art. 151 de la anterior CPE, que requería la necesidad de presentar informes de ejecución presupuestaria. Iii) Bolivia ha vivido un período de bonanza económica que contrasta con un manejo fiscal poco prudente. Los ingresos del gobierno nacional supusieron un incremento del 206%, pasando de poco más de 22 mil millones en 2005 a poco más de 70 mil millones en 2008”. ¿Cómo se usó esta bonanza?: “el gasto corriente se incrementó en similar periodo en aproximadamente 300%, mientras la partida de “bienes y servicios” subió casi en 600%.

Para concluir, el afán centralista ha dado lugar a un Gobierno fuertemente centralizado, donde la fórmula se parece más a las palabras de Luis XVI del período de la Revolución Francesa: “el Estado soy yo”, que a un periodo poliárquico de numerosos participantes en la decisión política. La Historia nos deja experiencias valiosas de que este afán puede tener un final poco feliz.