Médicos proponen consulta internacional sobre decretos

La Comisión Nacional de Salud encabezado por el Colegio Médico de Bolivia resolvió rechazar el decreto supremo 1232, aprobado ayer por el gabinete de ministros que dispone la suspensión e inaplicabilidad de la norma 1126, asimismo, propuso una consulta internacional para definir ambas disposiciones.

La decisión fue comunicada por el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Alfonso Barrios, tras una reunión que sostuvieron los galenos durante varias horas en instalaciones del Complejo Hospitalario de Miraflores de la ciudad de La Paz.

Indicó que se resolvió pedir al Gobierno que solicite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), una opinión consultiva vinculante sobre los decretos supremos 1126 y 1232.

“Como una señal de apertura para demostrar a la opinión pública nacional e internacional que no se trata de un capricho para defender injustos privilegios con la garantía de la defensoría del pueblo y de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, planteamos que el Gobierno el día de mañana pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA una opinión consultiva vinculante sobre los decretos 1126 y 1232”, se lee en el texto de la resolución de los galenos.

Barrios señaló que si ese organismo internacional considera legal ambos decretos, los médicos inmediatamente suspenderán sus medidas de presión y retornarán a sus fuentes de trabajo, entre tanto, continuará la huelga general indefinida y las movilizaciones.

Señaló que los profesionales en salud, docentes y estudiantes del sistema universitario se encuentran convencidos de que los decretos supremos 1126 y 1232 violan la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos vigentes en Bolivia, por lo que a su criterio jurídicamente corresponde a su abrogación.

“Esto quiere decir que si el Estado hace la consulta a la Corte Interamericana, nosotros podemos estar suspendiendo nuestras medidas, mientras tanto, continuamos con las movilizaciones, porque no es un capricho lo que nosotros estamos exigiendo”, enfatizó.

El galeno dejó en claro que la consulta deberá realizarse en base a dos puntos.

Aseguró que una vez emitida la opinión consultiva vinculante por la Corte Interamericana de los Derecho Humanos a pedido y a través del Estado boliviano, los decretos cuestionados perderán su vigencia definitiva o se mantendrían en función a los resultados de la consulta.