Reglas claras y garantías para inversiones foráneas

El desarrollo y progreso de los pueblos, y muy especialmente de los más ricos, se ha debido a las inversiones; es decir, a la confianza que han tenido poseedores de capitales financieros y tecnología; ambas condiciones, en su momento, han contribuido a mejorar la tecnología y, además, a encontrar nuevos rumbos que hagan más fácil la producción industrial, más barata para el consumidor y más apta para su traspaso a otras economías con miras a fortalecer el sistema capitalista.

La confianza a que hacemos referencia es capital fundamental que aportan quienes reciben las inversiones; sin ese factor, es imposible conseguir que los ricos depositen un solo centavo en arcas desconocidas para ellos y de las que piensan conseguir muchos réditos luego de lo que hayan invertido. Esta es una realidad que normalmente no se la entiende en los países pobres porque se cree, absurdamente, que el rico busca sólo mayor riqueza sobre la base de lo que tiene y desestima los derechos e intereses de los pobres. La verdad es que, para el capitalista, la condición principal de sus inversiones radica en la confianza de un retorno o sea la multiplicación de lo que da y la posibilidad de reproducirla mucho más con miras a conseguir, si es posible, imperios financieros que le permitan seguridad y tranquilidad en sus futuras operaciones.

Desde el cambio de gobierno, en enero de 2006, nuestro país, con el gobierno del MAS, ha logrado el alejamiento de posibles inversionistas tan sólo por haber suprimido un estado jurídico que garantice toda inversión nacional o extranjera en nuestro territorio. Esas políticas han dado lugar a que la desconfianza sea factor decisivo para que potenciales inversionistas nada quieran saber de Bolivia. El problema se agudizó con la aprobación del decreto que dispone la “nacionalización” de las compañías petroleras que operaban en nuestro país; un paso que, en realidad, no tuvo mayormente nada de nacionalización o estatización sino fue, simplemente, una intención de cambiar contratos -que hasta ahora no se los suscribe- e incrementar tasas impositivas y de regalías.

El simple anuncio de que las garantías serán suspendidas en cualquier país, ha dado lugar siempre a que los tenedores de capital rehuyan siquiera tratar las posibilidades, mientras no hayan reglas claras y un estado jurídico que garantice plenamente las inversiones que, en todo caso, conviene más a los países pobres porque esas inversiones implican la creación de fuentes de riqueza que son seguras generadoras de empleo, puesto que este fenómeno al faltar a la población, crea más condiciones para los estados extremos de pobreza.

Lamentablemente, no se ha entendido así el problema por parte del Gobierno y de su partido, el MAS, ya que aun reconociendo la condición de país capitalista, como es el nuestro, se protesta contra todo lo que implique mención directa o no a los Estados Unidos y a las naciones que estén inmersas en el capitalismo; son contradicciones que nadie entiende y que el propio Gobierno no logra descifrar.

El régimen, si realmente quiere o busca la superación de la crisis económica, tendrá que aprobar las medidas jurídicas que implanten garantías a las inversiones y que el país recupere confianza, factor tan importante para superar su extrema pobreza y dejar las poses de alarde de que tenemos todo cuando nos debatimos hasta en miserias que atacan a buena parte de nuestra población.