¿Y los impuestos a la producción de coca?

Cuando en los años 60 se produjo una especie de auge por la mayor producción de coca debido a las exigencias del narcotráfico, se trató nuevamente el problema del pago de altos impuestos a la producción de la hoja; cada Gobierno, en los años siguientes, anunció la aprobación de una ley que establezca impuestos no sólo a la producción sino a la venta del producto en el mercado. Lamentablemente, ninguno de los buenos propósitos se hizo realidad.

Luego de la década de los años 60 y ante la fuerza de organización que habían adquirido los cocaleros, especialmente de la región del Chapare, se hizo más difícil tratar el problema; se indicó que conjuntamente los dirigentes sindicales se fijarían “impuestos racionales a la coca, pero reconociendo que es un bien ancestral del pueblo”. Nada se hizo y si rige alguna gabela al respecto, todo indica que no se cumple o se lo hace en mínima cuantía. El problema adquirió proporciones muy grandes porque los cultivos se multiplicaron y el narcotráfico adquirió proporciones jamás imaginadas.

Para muchos dirigentes de los cocaleros, “es justa la demanda de impuestos”; pero, como se trata de afectar la economía de “campesinos que recién están en condiciones de producir mayor cantidad” deben ser ellos los que, voluntariamente tendrían que aportar un “mínimo porcentaje” a la producción.

Hay verdades que pesan grande y gravemente en la vida del país: privilegiados que no pagan impuesto alguno; personas y entidades y organizaciones que, atenidas al poder o influencias que tienen, tampoco cumplen con este deber y, finalmente, sectores que jamás tributaron porque convencieron a las autoridades de que su “condición de pobreza” les impide cumplir con el deber de pagar tributos al Estado. Los gobiernos, siempre condescendientes ante las exigencias y amenazas de paros y bloqueos, fueron postergando la aprobación de medidas que impongan impuestos.

Desde hace muchos años -tal vez desde los mismos años 60-, existe la convicción en los gobiernos y en la colectividad que “no debe haber ningún sector privilegiado que no pague impuestos” porque las leyes al respecto son claras y contundentes; lamentablemente, cuando se trata el tema con algún sector – y mucho más con el de los productores de coca – las amenazas llegan a extremos intolerables, pero el pavor que sienten las autoridades a posibles conflictos que luego se multipliquen, determina que todo quede postergado. Lo cierto es que posponer la medida “hasta las calendas griegas” que nunca llegarán, no puede ser buena disposición gubernamental puesto que si unos cumplen con sus obligaciones tributarias, con mayor razón deberán hacerlo quienes tienen asegurados altos ingresos como es el caso de los productores de hojas de coca.

Colombia y el Perú han logrado imponer reglas claras para que la producción de la hoja que sirve para la fabricación de droga, pague impuestos fijos por determinada cantidad del producto y que son depositados en bancos. Y aunque no se posee mayores datos al respecto, es de suponer que siguen las mismas políticas que aseguran importantes ingresos al Estado. El Gobierno actual debería esmerarse para conseguir que la producción de coca pague impuestos que, al final, son traslaticios a quienes adquieren el producto sin que afecte al valor final que cobran los comercializadores de droga. Imponer la medida no implicaría riesgo o perjuicio alguno para los campesinos que tienen definidas las hectáreas de cultivo y la cantidad que semanal o mensualmente sacan de sus propiedades.